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From: "Vanderley Caixe" <vcaixe@...>
Date: Mon, 13 Nov 2000 08:40:28 -0200
Subject: Re: [socialismo-br] enc: Plano Colômbia

Vaja ai Maria Ester o texto do prof. Guillermo Navarro enviado pelo Cesar
Neto.




Al PUEBLO de Colombia, a quien el capital le ha impuesto la tragedia de la
guerra, para luego, de llegar a triunfar, imponerle la tragedia neoliberal.


A los CIUDADANOS de Colombia que se oponen al "Plan Colombia", aún a riesgo
de sus propias vidas.


PLAN COLOMBIA, PLAN DE GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE


INTRODUCCIÓN


El "Plan Colombia", irónicamente denominado "plan para la paz", es un plan
de guerra generalizada no solo contra el pueblo colombiano, sino contra
todos los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, principalmente de los
países que limitan con Colombia: Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá,
proceso de agresión que previsiblemente se ampliará a otros países
latinoamericanos y caribeños cuando, en el mediano plazo, se de inicio a la
participación de los consabidos contingentes militares, cuando la guerra se
profundice y no encuentre una rápida salida militar, como es igualmente
previsible.


El aserto de que la agresión imperial abarca al total de países
latinoamericanos y del Caribe, lo confirma, por ejemplo, el acuerdo suscrito
por el Gobierno de la Haya para la concesión del uso de aeródromos o bases
para el uso de las fuerzas militares de los Estados Unidos en Aruba, o los
esfuerzos que se despliegan para que sumen fuerzas El Salvador, como se ha
denunciado públicamente.


El denominado "Plan Colombia" es, desde otra perspectiva, impulsado bajo la
muletilla de constituir el mejor medio para erradicar el narcotráfico, lo
cual igualmente no pasa de ser solo un instrumento de distracción respecto
al objetivo fundamental, la pretensión de acabar con las fuerzas
beligerantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejercito de Liberación Nacional (ELN), dos de los últimos núcleos
revolucionarios armados que actualmente operan en el mundo. Ante esta
realidad evidente, la desinformación oficial proveniente tanto del gobierno
de Colombia, del de los Estados Unidos y de los gobiernos ecuatoriano,
peruano y brasilero, comprometidos directamente en el proceso por limitar
con Colombia, el conocido como "Plan Colombia" tendría supuestamente como
objetivo el logro de la paz y la erradicación del narcotráfico.


Descubiertos los objetivos guerreristas del "Plan Colombia", debe igualmente
señalarse que el Plan inaugura una nueva etapa en la estrategia política
norteamericano para los ejércitos de América Latina: la de convertirlas en
la OTAN del continente, agruparlas en una fuerza unitaria a ser utilizada
para sofocar cualquier insurrección armada revolucionaria -como es el caso
de Colombia-, para deponer a cualquier gobierno que no se someta a los
dictados del imperio o para fortalecer las fuerzas consideradas amigas como
en Kosovo, todo ello, claro está, con el apoyo, la anuencia o la desestima
de las Naciones Unidas o de la OEA, según sea el interés norteamericano.


Vista la ruindad de los verdaderos objetivos del "Plan Colombia" para los
pueblos de Latinoamérica, principalmente de los colindantes, ha requerido de
un monumental esfuerzo comunicacional dirigido a la opinión pública
norteamericana, de la Unión Europea, de los países latinoamericanos, en vano
esfuerzo por manipular las conciencias de los pueblos de esos países y
regiones, proceso en el cual han participado directamente el Presidente de
los Estados Unidos y los Presidentes de casi todos los países
latinoamericanos, de las autoridades de las Naciones Unidas y, entre sus
organismos, la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), amén
de las consabidas presiones, todo los cual debe ser develado para el
conocimiento de las verdaderas intenciones y objetivos de este plan.

En el campo de lo económico, es necesario advertir sobre las relaciones del
Plan Colombia con la implementación efectiva del neoliberalismo y de los
intereses concretos de empresas transnacionales norteamericanas en Colombia.
Adicionalmente debe adelantarse que el "Plan Colombia" refleja los intereses
soterrados de la lucha desatada entre las mafias de narcotraficantes, así
como entre las mafias que trafican con drogas naturales con las que lo hacen
con drogas sintéticas, estas últimas producidas en los propios países
consumidores, cual es el caso del éxtasis.


Todo lo expresado en los párrafos anteriores, es el objetivo del presente
estudio preparado sobre el "Plan Colombia", elaborado con el único propósito
de descubrir los verdaderos propósitos y objetivos, sumarnos a las
advertencias sobre los efectos que la agresión en marcha tendrá sobre la
biodiversidad amazónica y sobre los pueblos de Latinoamérica y el Caribe,
descubrir los intereses económicos que se defienden con el mencionado Plan,
y, esbozar varias propuestas para una defensa solidaria internacional ante
la amenaza imperial que no se detiene ante nada en el afán de imponer su
hegemonía y alcanzar sus intereses económicos, bastardos por pretender
erigirse sobre la desolación y la muerte de nuestros pueblos y de nuestros
hermanos.




1. "Plan Colombia, plan de guerra"


De acuerdo a las estimaciones del gobierno de Bogotá, el coste total del
"Plan Colombia" es de aproximadamente 7.500 millones de dólares que se
ejecutarán durante cinco años. De ese total, Colombia aportaría 4.000
millones de dólares. Los 3.500 millones restantes procederían de Estados
Unidos, que ya ha comprometido 1.600 millones; la Unión Europea con 1.000
millones y diferentes organismos financieros que aportarían 900. La Cámara
de Representantes de Estados Unidos aprobó incrementar otros 500 millones de
dólares para destinarlos a la creación de un fondo para otros países de la
región (Ecuador, Perú, Bolivia y otros).


El Plan Colombia, fue presentado el 20 de octubre de 1999, en la 106ta
sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano, por
los senadores Dewine, Garssley y Coverdell, bajo la denominación de Alianza
Act, proyecto mediante el cual el gobierno colombiano solicita una ayuda
adicional de US $ 1.500 millones, los cuales se destinarían a:



US $ 740 millones para los militares colombianos;


US $ 250 millones para la policía y la armada;


US $ 410 millones para medidas de seguridad regional en países vecinos, de
los cuales: US $325 millones para gastos adicionales de agencias de estados
Unidos y US $ 85 millones para mejoramiento de los programas en Perú,
Bolivia, Ecuador y Panamá;


US $ 100 millones para apoyar la aplicación de la Ley, los derechos humanos
y la paz.


Valores a los cuales, en la línea del mismo proyecto se agregarías US $ 180
millones para el desarrollo de alternativas económicas en las zonas de
cultivos ilícitos, suma dela cual US $ 50 millones se destinan a Colombia,
US $ 90 millones para Bolivia y US $ 40 millones para Perú;


Cifras más que elocuentes, irrefutables para demostrar el verdadero, el
trágico objetivo del "Plan Colombia": la guerra, ya que, no es posible
concluir lo contrario cuando US $ 1.400 millones de un total de US $ 1.500
millones, esto es el 93.3 por ciento se destina para la guerra y tan solo US
$ 100 millones, equivalentes al 6.6 por ciento se orientan hacia la paz.
¿Quien, en sus cabales, puede sostener lo contrario?. Solo el servilismo de
los gobiernos latinoamericanos ante los designios de Washington, y el
descaro que les es propio les permite adjudicar al "Plan Colombia" un
propósito de paz y prosperidad, como reza su título. ¡Cómo si la paz y la
prosperidad se podría erigir sobre los cadáveres de los colombianos y
latinoamericanos!.


Ahora bien, para evitar quede duda alguna respecto a las intenciones del
"Plan Colombia", vale insistir en que las cifras anteriores determinan que:
"del dinero aprobado por EEUU para su plan de "paz" en Colombia destina 700
de cada mil dólares a gastos militares, por lo que Colombia se convierte,
tras Israel y Egipto, en el mayor receptor de ayuda militar norteamericana
del mundo en virtud del Plan Colombia de "paz", a lo que debe agregarse que
los mayores gastos se destinan a 30 helicópteros Blackhawk y otros 33 Huey,
así como al entrenamiento, dotación y manutención de tres batallones del
ejército colombiano para combatir en el sur del país, zona actualmente bajo
control de las fuerzas insurgentes, objetivo ratificado incluso por la
Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright cuando afirma
que el primer uso de la ayuda es el: "entrenar y equipar a las fuerzas de
seguridad colombiana para que una mayor parte del país sea puesta bajo el
control de la democracia y el imperio de la ley", por lo que, como lo señala
un comentarista: "Nada queda para acometer la necesaria reforma agraria que
termine con la pobreza e injusta distribución de la riqueza, nada para
afrontar la imprescindible reforma fiscal del sistema colombiano y nada para
afrontar política alguna de desarrollo en el país" . Un plan que, a juicio
de los analistas, desestabilizará toda la región en la medida en que
involucra militarmente a países limítrofes como Ecuador, donde EEUU ya ha
instalado una nueva base militar, Perú y Venezuela.


A todo lo antes expresado, debe agregarse que el "Plan Colombia" propone:
"Desarrollar un esfuerzo integrado entre las fuerzas armadas y la
policía"supuestamente para: "erradicar las zonas de cultivos de narcóticos y
al rompimiento de las estructuras financieras, logísticas y armadas de la
industria de la droga...", a través de tres fases: la primera de "esfuerzo
judicial, policial y militar de rango bajo apuntando al Putumayo y al sur"
por el lapso de 1 año; la fase 2 en el que se agrega el esfuerzo social a
los anteriores, y se eleva el rango militar a medio, orientado al suroste y
las partes centrales de Colombia, por un período de entre 2 y 3 años; y, la
tercera entre 3 y 6 años, orientada a lo largo de Colombia, planificación de
la que se deduce que, en el mejor de los escenarios militares, la guerra
anunciada para Colombia y América latina tendría una duración de seis años.


Al lapso antes establecido debe agregarse que la estrategia guerrera del
imperio y del ejército y actual gobierno colombiano contempla varios
escenarios, como lo han hecho público varios medios de comunicación social
de Colombia, al mencionar que en: "reunión secreta en la cual más de 50
altos funcionarios del gobierno norteamericano examinaron el futuro del
conflicto colombiano y el grado de participación del gobierno
norteamericano, en el cual se analizaron cuatro posibles escenarios: la
guerra total, la firma de un acuerdo de paz, la prolongación del conflicto o
la balcanización del país", reunión que se realizó, según las mismas
fuentes, en el mes de mayo de 1999.


En consecuencia con todo lo dicho, puede afirmarse que el "Plan Colombia" es
un plan de guerra, para un conflicto de por lo menos 6 años que puede
orientarse hacia una guerra total, la prolongación del conflicto o la
balcanización, conflicto en el cual, como está previsto en el propio
plan -capítulo V, acápite: "El papel de la comunidad internacional"- se
involucrarán los ejércitos, por lo menos de los países limítrofes, si se
hace caso omiso del ofrecimiento del ex Presidente Ménem, cuando ejercía las
funciones en la República Argentina, aspectos sobre los cuales volveremos en
detalle más adelante, participación que se concretará en el marco de la
nueva estrategia imperial definida para los ejércitos de América Latina,
como se analiza en el numeral inmediato subsiguiente.



2. La nueva estrategia imperial para los ejércitos de Latino América y el
Caribe

En el marco de las acciones militares previstas en el "Plan Colombia, el
involucramiento en el conflicto de las fuerzas militares de los países
vecinos se halla previsto en forma explícita. Efectivamente, en el "Plan
Colombia", capítulo V, irónicamente denominado "El proceso de paz",
establece en el acápite: "El papel de la comunidad internacional" que: "En
el campo de las relaciones bilaterales, la colaboración militar y de policía
es vital", agregando más adelante que: "En esta área sería de mayor
beneficio la coordinación de operaciones militares y de policía, y el
mejoramiento de seguridad fronteriza y el apoyo de equipos y de tecnología",
coordinación que se ha convertido, con agilidad inusual en las Fuerzas
Armadas de Latinoamérica, en acciones directas para cercar a Colombia.


La participación coordinada se inscribe en la estrategia mundial actualmente
en marcha, la que supera las estrategias diseñadas por los EE.UU para la
"defensa hemisférica" asignada a las FF.AA en años anteriores, y, al
concepto de la seguridad interna que formaba parte del proyecto de Kennedy
para convertir a los ejércitos de América Latina en fuerzas de seguridad que
controlaran a su propio pueblo mediante la violencia y la represión,
estrategia que pretende "crear una instancia multinacional que pueda
intervenir, llegado el caso, en aquellos países del continente donde la
democracia esté en peligro", como lo propusiera la Misión de Estados Unidos
el 8 de junio de 1999, cuando culminó la XXIX Asamblea General de la OEA, a
fuer de una publicitada posible extensión del narcotráfico, propuesta que si
bien su estudio fue aplazado hasta junio del 2000, y sobre la cual no se
conoce una posición definitiva, incluye un nuevo elemento, una nueva base
sobre la cual actuaría esa fuerza multinacional, la "democracia en peligro",
lo cual descubre y reafirma nuestras apreciaciones sobre la intención de los
Estados Unidos de crear en el continente americano una suerte de OTAN que,
precisamente, intervenga cuando en un país, cualquiera este sea, se creen
condiciones que no satisfaga la comprensión que sobre lo "democrático"
mantiene el imperio, que no es otra que los intereses de sus empresas en
este proceso de recolonización, conceptuado eufemísticamente como
globalización.


Desde la perspectiva de la conformación de las denominadas, en el lenguaje
diplomático de Wshington, "instancia multinacional", que propiamente debería
denominarse "Fuerzas Operativas Conjuntas de los Ejércitos de América
Latina", y de la conjugación de esta con el concepto y el uso que hace
actualmente el imperio sobre el concepto "democracia", es previsible
adelantar los próximos objetivos si la estrategia establecida logra el
triunfo en Colombia: en primer lugar la Venezuela del Coronel Chavez,
respecto a quien se ha iniciado ya una amplia campaña de desinformación y de
acusación sobre incapacidad e intolerancia -falta de sentido "democrático"-,
a lo que se suma la actitud asumida por este respecto a Cuba Socialista e
Irak, y el papel que viene jugando por el robustecimiento de la Organización
de Países Productores de Petróleo (OPEP) y, consecuentemente, por el
mantenimiento de niveles altos de precios del petróleo, lo que ha generado
dificultades diversas en los países desarrollados, circunstancias todas que
son reseñadas constantemente en los medios de comunicación social, en
negativo por cierto, lo que permite presumir la existencia de, por lo menos,
una posición contraria, lo que llegó incluso a reflejarse en el alineamiento
que los canales internacionales de televisión asumieron a favor de Arias
durante el proceso electoral. Todo ello apunta en el sentido de la tesis
mencionada; y, en segundo lugar la Cuba Socialista, respecto a la cual
existe una clara animadversión y predisposición, pero, simultáneamente,
respeto por la conjugación, empatía del pueblo cubano con sus líderes
históricos y con su proyecto social, lo que otorga al proceso cubano una
base social fuerte, a más, por cierto, de le entereza y fortaleza de sus
fuerzas militares, lo que no permite avanzar al imperio con la presteza con
la que siempre han querido hacerlo.


Igualmente desde la perspectiva estratégica elaborada por los Estados
Unidos, y según el analista colombiano Libardo González, profesor de
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Bogotá, el Plan Colombia
"pretende variar la dinámica que se llevó a cabo en El Salvador y Guatemala,
en donde Wahington decidió el proceso de paz y forzó a los militares a
asumirlo. Acá, más bien se apresta a bloquear un proceso de paz en curso,
para decidir la suerte del país en un escenario de guerra".

Desde otra perspectiva, la creación de la fuerza multinacional igualmente
responde a una asimilación de la experiencia de Vietnam, conflicto durante
el cual la opinión pública norteamericana jugó un papel importante, opinión
en contra de la guerra ante la constatación, entre otras, del importante
número de ciudadanos muertos en este conflicto, experiencia que aconseja al
imperio a poner el dinero, en tanto nosotros, los latinoamericanos, ponemos
los muertos.


En el campo de las acciones concretas, seguramente para lograr: "la
coordinación de operaciones militares y de policía, y el mejoramiento de
seguridad fronteriza y el apoyo de equipos y de tecnología", se realizó en
Cartagena la Tercera Cumbre de Ministros de Defensa a la cual asistieron
además de Peter Romero, subsecretario del Departamento de Estado para
América Latina, William Cohen, secretario de Defensa norteamericano, y
Charles Wilhem, jefe del Comando Sur.


Los esfuerzos para lograr la coordinación entre los ejércitos
latinoamericanos para su participación en el "Plan Colombia"no han cesado
como lo ejemplifica la reunión que, sobre Intercambios de Conceptos Sobre
Desempeño de las Fuerzas Armadas en América, se realizó a mediados de marzo
en Cartagena, con la participación del general John C. Thompson, director
del Colegio Interamericano de Defensa, así como la reciente reunión de
Ministros de Defensa realizadas en la ciudad de Manaus, Brasil, los días 16
y 17 de octubre del 2000.


Este cambio en la estrategia americana es de especial importancia, ya que,
entre otras cosas explica el por qué de las presiones ejercidas sobre el
Ecuador para la firma de la paz con el Perú, condición sine qua non para dar
paso a los ejercicios de UNITAS con la participación de las armadas navales
del Ecuador y Perú, como efectivamente sucediera en el mes de XXXXXXX, esto
es solamente XXX meses luego de la suscripción del acuerdo de paz.


Los ejercicios conjuntos de los ejércitos latinoamericanos en el marco de
UNITAS, igualmente anunciaba el inicio de la preparación para acciones
coordinadas, conjuntas, como la que demanda el "Plan Colombia", cuyo proceso
innegablemente se ha iniciado como lo comprueba el cerco tendido en la
frontera colombiana, a la fecha en que se escribe el presente trabajo
(octubre del 2000) por los ejércitos de Ecuador, Perú y Brasil, bajo el
argumento de que es necesario impedir una supuesta invasión por parte de la
guerrilla colombiana a los territorios nacionales, cuando en realidad de lo
que se trata es de actuar como fuerza de contención desde la retaguardia de
las FARC; apoyar la acción militar del ejército colombiano mediante el corte
de la retaguardia que podría ser utilizada en una eventual retirada forzada
de las FARC; impedir la logística de las FARC y el ELN, a través de las
fronteras comunes; proporcionar información de inteligencia sobre los
movimientos en las zonas fronterizas; y, llegado el momento y como lo prevé,
por ejemplo, el "Plan Cobra" del Brasil, intervenir directamente en el
conflicto. Efectivamente, el "Plan Cobra", contempla la intervención directa
de las fuerzas armadas brasileras previsto luego de 2 años, como lo
publicita la prensa internacional y la cesión de la base de Alcantara; el
"Plan Ecuador" y los convenios suscritos, por el gobierno del Reino de los
Países Bajos, el 13 de abril de 1999, mediante el cual se facilita: "el
acceso tanto terrestre como aéreo y el uso de ciertos aeródromos a personal
de las Fuerzas Armadas y a personal gubernamental civil de los Estados
Unidos de América", y por el gobierno del Ecuador, el 11 de abril de 1999,
sobre la base del cual acuerda: "Permitir al personal de los Estados Unidos,
sus dependientes, y a las entidades COA, el acceso y uso de la Base de la
Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, así como el Puerto de Manta e
instalaciones relacionadas con la Base o en su vecindad", puerto de especial
importancia, como lo revela la afirmación del General Charles Wilhelm, Jefe
del Comando Sur, para quien Manta es: "... el sitio idóneo para sustituir
las capacidades perdidas al abandonar la base aérea de Howard (canal de
Panamá)", a lo que se suma, en el caso del Ecuador que: "La provincia
fronteriza de Sucumbíos (Ecuador) es vista como la región que abastece a
todas estas fuerzas. El resto de las operaciones militares se concentrarían
en el centro y el suroeste del país. Pero en el enfoque geopolítico del
Pentágono el puerto de Manta (provincia de Manabí), situado en el litoral
del Pacífico ecuatoriano, es el componente clave del Plan Colombia.

Como la invasión por tierra está momentáneamente descartada, la tendencia es
a impulsar la intervención por aire y por mar, como en la última guerra de
los Balcanes. Hay entonces la amenaza de que la base de Manta sea algo más
que "un punto de apoyo logístico". Y de hecho, el Plan Colombia le ha
asignado un rol similar al que tuvo la base militar de Palmerola (Honduras)
en la guerra contra Nicaragua y El Salvador" .

En el marco de las realizaciones concretas de la intervención prevista, y
con el objetivo de construir justificaciones para lograr la anuencia de la
opinión pública de varios países de Latinoamérica para el involucramiento de
sus fuerzas armadas en el conflicto interno de Colombia, se promocionó un
clima de alarma sobre el peligro que representaba el conflicto colombiano,
para lo cual se acudió a calificar como incursiones guerrilleras a actos que
luego se demostraron como hechos delictivos que luego las fuentes oficiales
hubieron de reconocer, como es el caso de los secuestros que se produjeron
en territorio del Ecuador en noviembre de 1999 y en octubre del 2000, en el
primer caso de un grupo de ciudadanos extranjeros y en el segundo de un
grupo de técnicos norteamericanos, franceses, argentinos y chilenos de la
empresa española-argentina Repsol-YPF.

En esta línea igualmente se inscribía, entre otras, las advertencias que
pronunciaba Charles Wilhem, Jefe del Comando Sur, sobre la amenaza del
conflicto colombiano sobre Panamá y la incapacidad de ese país para
controlar la situación, actos todos los cuales demuestran que. EE.UU. jugó
un papel activo en los esfuerzos para "alertar" a los vecinos de Colombia
sobre los peligros que corrían y al tiempo avanzó en la búsqueda de un
consenso latinoamericano sobre una eventual intervención "multilateral" en
Colombia.

Si todo ello no bastase para convencer sobre la prevista participación
coordinada de las fuerzas armadas de los países latinoamericanos en el
conflicto colombiano, baste recordar las declaraciones de Carlos Saúl Ménem,
entonces Presidente en funciones del Argentina, en el sentido de que estaría
dispuesto a enviar tropas a Colombia si el gobierno colombiano se lo
solicitaba, declaraciones que llevan las intenciones más allá de la
presunción manifiesta por el Foro "El Sur responde al Plan Colombia", cuando
indica que: "El Plan Colombia se inscribe dentro de las políticas globales
de los Estados Unidos frente a América Latina y el área andina: así como el
foco de la política de intervención en los años 70 por parte de los Estados
Unidos fue el cono sur, en la década de los 80 fue Centroamérica, en los
momentos actuales lo constituyen los países de la región andina" agregando
que: "Con esta finalidad se esta organizando y orquestando una campaña,
según la cual el conflicto colombiano amenaza la estabilidad de los países
limítrofes, que busca crear las condiciones para organizar un Ejército
multinacional andino como mecanismo indirecto de intervención de los Estados
Unidos".

Finalmente vale mencionar que si el rol asignado a los ejércitos de América
Latina en el conflicto colombiano es entendible, si bien no explicable y
peor justificable, no lo es la presencia de militares franceses en la selva
del Ecuador, como lo asevera el Diario El Comercio de la ciudad de Quito,
Ecuador, en su edición del día jueves 19 de octubre del 2000, cuando afirma
que: "Diez militares de Francia realizan un curso en la selva de la Amazonía
del Ecuador como parte de un intercambio castrense entre los dos países,
informó la Secretaría general (sic) de Comunicación de la Presidencia del
Ecuador. Agregó que en ese marco, dos oficiales y 28 alumnos de las Fuerzas
Armadas de Francia en la colonia de Guyana se encontraban en la brigada de
selva número 19 Napo del ejercito. Los franceses "realizan un curso de selva
como entrenamiento castrense", señalando más adelante que: "La presencia
militar no se relaciona con el Plan Colombia", a menos que se acepten las
siguientes hipótesis:



Francia está dispuesta a prestar su contingente militar en el marco de la
creación de la "fuerza multinacional" propuesta por los Estados Unidos en el
seno de la OEA, como quedó anotado;



Francia considera que el conflicto podría extenderse más allá del territorio
Venezolano y afectar a la Guyana Francesa; o,



Se ha dado inicio ya a los aprestos para la Venezuela de Chávez.


Fuese cual fuese la verdadera razón para tal presencia, debe preocuparnos
enormemente, cuanto más cuando se constata una acción diligente por parte de
los voceros del Palacio de Gobierno del Ecuador para señalar la presencia de
tropas francesas, y, sobre todo, por el énfasis explícito puesto en la
afirmación de que "La presencia no se relaciona con el Plan Colombia",
puesto que es conocido que las afirmaciones tajantes, rotundas, provenientes
del poder, de las fuentes oficiales, siempre pretenden esconder las
verdaderas intenciones, los objetivos reales de tales acciones, como se
demuestra a lo largo del presente análisis, en especial en el numeral 3
inmediato subsiguiente.




3. La manipulación comunicacional para viabilizar el "Plan Colombia"


"Decidir quién es señor y quién esclavo, no depende solamente del hecho de
disponer de capital, de las fábricas, de los ejércitos, sino también -y cada
día más inequívocamente- de disponer de la conciencia de los demás"

Hans Magnus Enzensberger


La campaña para, mediante una amplia y constante desinformación desarrollada
por los medios de comunicación social, tratar de lograr consensos mínimos en
apoyo al "Plan Colombia", el involucramiento de los países limítrofes, la
entrega de bases consideradas estratégicas por las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos, se ha convertido en el pan de cada día en nuestros países,
por lo que es indispensable señalar cual ha sido su proceso a fin de
descubrir cuales son sus verdaderos, protervos objetivos. Este el sentido
del análisis del presente punto.


3.1. Para viabilizar el "Plan Colombia"


Como quedo mencionado, el logro de una mínima viabilidad del "Plan Colombia"
exigió una amplia y sostenida campaña comunicacional en los distintos países
y organizaciones, mediante la cual se pretendió venderlo como un plan de paz
y anti narcotráfico. Para ello, no se mantuvo reparos en publicarlo en
varias versiones, según el público al cual se lo dirigía, como lo confirma
la siguiente cita tomada del Suplemento especial de la Revista Desde Abajo,
de Noviembre de 1999, en la que se afirma que: "Hoy está más que comprobado
que del Plan Colombia (....) existen al menos tres versiones:



La auténtica, que hemos traducido, fue presentada a los senadores
norteamericanos motivándolos a identificar el proceso colombiano como una
amenaza para su país y demandando su apoyo para los esfuerzos militares en
tres focos geográficos, cuyo primer escenario a un año lo constituye el
departamento del Putumayo. Y en los dos años siguientes el turno le toca al
centro y al suroccidente del país. En este documento el proceso de paz ocupa
el V orden.


La de mostrar a la opinión pública de Norteamérica, que fue traducida la
semana anterior por la comisión segunda del Senado y que ignora los apartes
militares. En esta versión, para las apariencias, el proceso de paz se
presenta en segundo lugar.


La destinada a la Comunidad Económica Europea destaca la defensa de los
Derechos Humanos y suprime las referencias persistentes al fortalecimiento
militar"


A lo anterior se suman los esfuerzos desplegados para mantener el secreto
sobre el Plan Colombia, desarrollado por el gobierno colombiano, para lo
cual acudió a los siguientes artilugios:



Al igual que en el caso del Convenio de la Base de Manta suscrito por el
gobierno del Ecuador, el Plan Colombia: "ni se consultó al Parlamento
colombiano y tampoco a sus Comisiones de Asuntos Exteriores, en su redacción
no participó el consejo Nacional de Paz, creado por ley de la República, ni
fue tema en la agenda de la Mesa de Negociación y Diálogo entre el gobierno
del presidente Andrés Pastrana y el movimiento insurgente Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC)" por lo que: "Se trata, por tanto, ya en
su génesis, de un plan ideado por Estados Unidos, sin participación de las
fuerzas sociales colombianas y al servicio de uno de los actores del
conflicto, el gobierno colombiano"; y,


El "Plan Colombia" presentado oficialmente al gobierno de los Estados Unidos
en septiembre de 1999, no se divulgo oficialmente en Colombia sino hasta en
el mes de enero del 2000, esto es tres meses luego de su presentación ante
el Congreso de los Estados Unidos.


Mas, todos los esfuerzos por esconderlo ante la opinión pública colombiana,
en principio, y luego para maquillarlo fueron inútiles, toda vez que la
manipulación de conciencias, para poder ser tal presupone la reproducción
del libre albedrío, juicio y capacidad de elección de los manipulados, para
lo cual deben los manipuladores, inexorablemente, informar por lo menos
parcialmente, entregar por lo menos una parte de la verdad, parte que
termina por ser suficiente para descubrirla en su totalidad, como es el caso
del "Plan Colombia" publicado en forma integral por la Revista Desde Abajo
en Octubre de 1999, cuando el gobierno colombiano aún hacia esfuerzos por
mantenerlo en secreto, y como es el caso del Acuerdo suscrito respecto a la
Base de Manta por el gobierno ecuatoriano, como lo reseñamos inmediatamente.




3.2. Manipulación para el involucramiento de los países limítrofes con
Colombia


El principal instrumento utilizado para justificar el involucramiento de los
países limítrofes con Colombia en el proceso desatado por el "Plan
Colombia", ha sido y continúa siendo, las acusaciones infundadas sobre
supuestas incursiones de las FARC, así como la supuesta posibilidad de que
las FARC y el ELN atraviesen las fronteras nacionales y extiendan la guerra
a esos países, argumento mantenido a pesar de los continuos manifiestos de
las FARC de que aquella no es una posibilidad ni remotamente cierta, como se
ha demostrado fehacientemente en el caso del Ecuador.


En el sentido mencionado, la declaración de Donnie Marshall, jefe de la
Agencia estadounidense antidrogas, DEA, es especialmente relevante, cuando
de acuerdo a la nota de 25 de septiembre de PULSAR, advierte a los países
vecinos de Colombia sobre el riesgo de que la violencia traspase sus
fronteras con la aplicación del Plan combinado para combatir la droga, dado
que: "El llamado Plan Colombia llevará la confrontación a sus extremos con
el fin de atacar las redes de narcotráfico y ese proceso fácilmente se
confundirá a los narcotraficantes, con la guerrilla y los pobladores
campesinos" lo que producirá grandes desplazamiento de gentes, los cuales
podrían internarse en los países vecinos a Colombia, por lo que Donnie
Marshall: "pide al resto de gobiernos aplicar "políticas agresivas" para
detener ese proceso", lo que a más de confirmar lo enunciado respecto a la
estrategia militar de contención que actualmente cumplen los ejércitos de
Ecuador, Perú y Brasil, pretende se niegue la solidaridad que todos debemos
a los desplazados conducidos a esa precaria e inhumana situación,
precisamente, por los designios del imperio, del cual es un alto
representante, precisamente, el señor Donnie Marshall.




3.2.1. Manipulación para el involucramiento del Ecuador



En el caso ecuatoriano, la manipulación tendiente a justificar la
movilización del ejército ecuatoriano hacia la frontera norte, se inicia el
11 de septiembre de 1999, cuando aún no era conocido el texto completo del
"Plan Colombia", fecha en la cual se produce el secuestro de un grupo de 12
personas, entre turistas y trabajadores petroleros en la vía Lago Agrio-
Tarapoa, en la Provincia de Sucumbios colindante con territorio colombiano,
situación ante la cual el gobierno ecuatoriano inmediatamente cometido el
ilícito procedió a acusar a las FARC de tal acción, la que posteriormente se
descubrió como producto de una supuesta acción de delincuentes comunes,
cuando en realidad se tratan de actos delincuenciales cometidos por los
paramilitares colombianos, como hoy lo acepta incluso el gobierno
ecuatoriano.

Posteriormente, el 12 de octubre del 2000, en pleno desarrollo del "Plan
Colombia", se produce un nuevo secuestro, en este caso de 10 trabajadores
petroleros de la empresa española-argentina Repsol-YPF, 6 americanos, 1
chileno, 2 franceses (quienes posteriormente escaparon al amparo de una
tormenta tropical, si damos fe a las declaraciones oficiales) y 1 argentino.
Ante este hecho, el Vicepresidente del Ecuador, Pedro Pinto, en su calidad
de Presidente encargado, inmediatamente afirmó en rueda de prensa que las
FARC: "han reivindicado que fueron las que produjeron el secuestro en
represalia por el Plan Colombia", declaración a la cual se agregó la de las
Fuerzas Armadas del Ecuador en la que afirmaron que los secuestradores:
"actuaron con el rostro cubierto y se identificaron coma FARC"12, posición
en la cual se insistió en días posteriores, a pesar de que las FARC habían
desmentido al Vicepresidente Pedro Pinto a través de declaraciones ofrecidas
por Simón Trinidad, vocero de las FARC, al periodista Gonzalo Guillén, en la
que había expresado: "Nosotros no estamos en territorio ecuatoriano. La
confrontación la adelantamos en territorio nacional. Mantenemos buenas
relaciones con los países y pueblos vecinos. No incursionamos en ninguno de
los países vecinos, pedimos es apoyo de estos países en nuestra lucha por
construir una Colombia con justicia social y en paz", así como por las
declaraciones ofrecidas a AP por el Jefe Guerrillero Carlos Antonio Lozada,
en las afirmaba que: "Le puedo asegurar con toda seguridad que las FARC no
tienen nada que ver con este incidente"12, y las declaraciones de Joaquín
Gómez, Jefe del Bloque Sur de las FARC el que mencionaba sería una maniobra
de la CIA que: "busca que todos los países limítrofes se unan en torno al
Plan Colombia y contra los colombianos"12, develando así el verdadero
objetivo de estas acciones.

La verdad objetiva de la posición de las FARC determinó que, a día seguido,
el gobierno ecuatoriano deba desmentirse, acudiendo a la hipótesis de que el
secuestro podía ser obra de los paramilitares colombiano o delincuentes
comunes, hipótesis que, según fuentes castrenses ecuatorianas se sustenta en
un hecho evidente, si los secuestradores operarían en el territorio
colombiano, sería absurdo que aterricen con el helicóptero en territorio
ecuatoriano para luego cruzar el río San Miguel, con el riesgo de ser
descubiertos por los controles militares. Ante lo dicho vale agregar que los
autores son personas que operan mediante bases en territorio ecuatoriano, y
que disponen armamento de gran potencia de fuego como lo aseveraron las
fuentes oficiales sobre la base de los testimonios de los testigos
presenciales del secuestro, hechos que reducen la alternativa tan solo a los
paramilitares colombianos, dada la conjugación de dos objetivos, uno
político en procura de recrear la aceptación social para el involucramiento
del ejército ecuatoriano y de generar animadversión hacia las FARC, y, un
segundo de carácter económico como en el secuestro de septiembre de 1999; y,
a tres hechos ampliamente conocidos: el carácter delictivo de la
organización paramilitar colombiana, su alianza con las fuerzas armadas
colombianas para realizar los trabajos sucios, y la posesión de propiedades
por parte de los paramilitares colombianos en territorio ecuatoriano, lo que
incluso fundamentó la demanda del Grupo Civil de Monitoreo de los impactos
del Plan Colombia en Ecuador para que el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INEC), realice: "el levantamiento de información catastral en las
riberas sur orientales del río San Miguel, limítrofe con Colombia, que
permita confirmar o desvirtuar la información recogida por el Grupo de
Monitoreo en Sucumbíos, acerca de la adquisición de tierras en esa zona de
nuestro país por parte de integrantes de las denominadas "Autodefensas
Unidas de Colombia" (paramilitares) cuyo cabecilla, Carlos Castaño, admitió
públicamente en agosto de 1998 y febrero de 1999, que 75 ecuatorianos
participaban en entrenamientos y operativos esporádicos de las AUC en la
zona fronteriza ecuatoriano-colombiana".

En consecuencia, puede afirmarse que la campaña de manipulación que se
ejerce sobre el pueblo ecuatoriano se viene realizando desde antes del
conocimiento público del "Plan Colombia", para lo cual se recurre como
principal argumento supuestas acciones de las FARC en territorio
ecuatoriano, acciones que son cometidas por los paramiliatres colombianos,
quienes disponen propiedades en territorio ecuatoriano que les sirven de
bases para las acciones delictivas, que desde las fuentes oficiales
ecuatoriana del más alto rango, adjudican siempre a las FARC, con claros
objetivos políticos y en procura de justificaciones para sus decisiones y
acciones en apoyo al "Plan Colombia, plan de guerra.

Por lo antes dicho, la falsedad de argumentos esgrimidos por el gobierno de
Gustavo Noboa son evidentes por lo ya mencionado respecto a los objetivos
del Plan Colombia, el ser un plan de guerra contra los pueblos
latinoamericanos, que no un plan paz. En el caso del segundo, si se
considera todo lo expresado respecto a la "la coordinación de operaciones
militares y de policía, y el mejoramiento de seguridad fronteriza y el apoyo
de equipos y de tecnología" antes mencionada, no constituye, de manera
alguna, otra cosa que una barrera militar de contención, destinada a apoyar
con trabajo de inteligencia e incluso militarmente al ejército colombiano,
dirección en la que apunta las declaraciones del General Víctor Zabala,
comandante de la IV División del Ejercito Amazonas, cuando afirma que: "Si
hay una infiltración a nuestro territorio y atacan a nuestras fuerzas,
estamos listos para reprimirlos con firmeza".


3.2.3. Manipulación para justificar la entrega de la Base de Manta


A más de los argumentos del tipo como los mencionados en párrafos
anteriores, en el caso de la entrega de la Base de Manta se recurre al
manido argumento de que su ocupación por fuerzas de los Estados Unidos serán
para uso exclusivo de la lucha antidrogas, de apoyo logístico, por lo que no
servirá, en absoluto según las fuentes oficiales, para apoyar las acciones
militares en Colombia.


Ante ello, deben puntualizarse lo siguiente:



Es conocido que las bases que disponía el ejercito norteamericano en Panamá
tenían objetivos puramente militares, entre estos el cumplimiento de labores
de comunicación y el entrenamiento de miembros de los ejercitos de América
Latina para la lucha contrinsurgente, respecto a lo cual José Stainsleger,
señala que en la Zona del Canal de Panama, denominada Balboa está (ba): "el
cuartel general del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), una de las
ocho direcciones estratégicas de los norteamericanos en el mundo", agregando
sobre las funciones que: "El SOUTHCOM incluye la reserva militar de
Quarry-Heights. Desde sus oficinas se controlan todas las actividades
militares y de inteligencia del continente y es responsable operacional de
los programas militares norteamericanos (PAM) para América Latina. La
función aparente del SOTUHCOM es la de supervisar a las misiones militares
de Estados Unidos en los países latinoamericanos. En la práctica y los
hechos históricos, el SOUTHCOM se ha encargado de dirigir las intervenciones
armadas de Wshington al sur del río Bravo (Negrillas del A.). Entre las más
destacadas de los últimos tiempos figuran la de Santo Domingo en la Rep.
Dominicana (1965), Grenada (1983) y Centroamérica ( 1981-1986)"15, para
agregar más adelante respecto a las funciones de las bases militares de FORT
GULICK, ex sede de la U.S. Army School of the Americas (USARSA, Escuela de
las Américas) y FORT DAVIS (Escuela de las Américas), que en éstas:
"millares de militares latinoamericanos han recibido instrucción: desde el
aprendizaje del inglés hasta cómo dar un golpe de Estado", especificando que
"De 1946 a 1984, 45.082 oficiales y suboficiales de América Latina fueron
becados por el Pentágono para estudiar en la escuela", datos históricos que,
a más de confirmar los objetivos mencionados respecto a las funciones que
cumplían las bases en Panamá, elevan nuestra atención sobre la cita ya
incluida del General Charles Wilhelm, Jefe del Comando Sur, para quien Manta
es: "... el sitio idóneo para sustituir las capacidades perdidas al
abandonar la base aérea de Howard (canal de Panamá)", base que fue sede del
Air Force Special Operation Wing. En ese contexto, resulta ingenuo,
imposible pensar que la Base de Manta, se destinará "única y exclusivamente"
a acciones de vigilancia sobre los desplazamientos del narcotráfico;


Si se observa el mapa que se incluye en el presente trabajo respecto a la
presencia militar de Estados Unidos en Colombia (Anexo 3), no puede menos
que llegarse a la conclusión de que las funciones de las bases de Manta no
pueden ser otras que las interrelacionarse con los puestos restantes, los
cuales cumplen todos, funciones militares;


En el absurdo no consentido de que se aceptase que las naves que decolen de
Manta solo se dediquen a acciones contra el tráfico de narcóticos, no es
admisible que las observaciones no registren datos sobre el posicionamiento
o la movilización de fuerzas militares. Ejemplificando, cuando las
observaciones se realizan con el Satelite Lanzat, a objeto de disponer de
información sobre actividades agrícolas, la información obtenida contiene
incluso la de los denominados "cultivos asociados", lo que en términos
simples no significa otra cosa que se obtienen datos incluso sobre cultivos
que ocupan un mismo territorio, sin depender del piso trófico al que
correspondan. No se pretenda entonces que las observaciones sólo obtendrán
datos sobre narcocultivos, narcoprocesamiento y movimientos de los
narcotraficantes; y


Abundando sobre la falsedad de los argumentos esgrimidos desde fuentes
oficiales sobre el rol de Manta, baste mencionar la excitativa formulada por
el "Grupo Civil de Monitoreo del Plan Colombia en Ecuador", luego del primer
Encuentro Continental por la Vida y la Paz de Colombia, al que asistieron
delegados internacionales de 18 países, que se realizará entre el 25 y 26 de
noviembre de 1999, excitativa al Congreso Nacional para convoque al Ministro
de Relaciones Exteriores, Heinz Moeller, "a declarar en la Comisión de
Asuntos Internacionales del Congreso Nacional y dar toda la información
pertinente sobre los sucesos denunciados en los primeros días de julio, en
torno a la captura -según fuentes oficiales "en aguas internacionales"- del
barco ecuatoriano Elizabeth I, que transportaba 190 emigrantes ecuatorianos
ilegales (así como de otras embarcaciones nacionales en fechas anteriores)
por parte de buques de la Armada norteamericana, con apoyo logístico de
helicópteros y aviones de rastreo electrónico provenientes de las
instalaciones de la Base Aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, tal
como lo denunció el embajador ecuatoriano Francisco Suéscum, Director
General de Soberanía Marítima de la Chancillería", quien fuera
posteriormente suspendido en sus funciones por disposición de Hainz Moeller,
en represalia por la denuncia que efectuará en defensa de la soberanía
nacional, cita y represalia que, por una parte señalan de manera irrefutable
que la Base de Manta cumple también funciones para detener a posibles
inmigrantes, en buen romance para reprimir a los ecuatorianos excluidos del
trabajo y del país por la acción neoliberal de gobierno de Noboa, y, por
otra, descubre los esfuerzos del Canciller por ocultar las verdaderas
funciones de la Base de Manta, para lo cual no tiene reparos incluso en
reprimir a un Embajador por el solo hecho de cumplir con sus funciones en
defensa de la Soberanía nacional.

La contundencia de los argumentos antes esgrimidos, eximen de la necesidad
de acudir a comentarios adicionales para demostrar la manipulación del
gobierno ecuatoriano para tratar, inútilmente, de convencer al pueblo
ecuatoriano de que la Base de Manta no se involucrará en acciones militares.
Cabe entonces solo advertir que el peligro para un involucramiento aún más
directo del Ecuador en el conflicto colombiano se acrecenta por constituirse
Manta en un puesto clave de comunicaciones y de información, ya que, como es
conocido, todo texto militar enseña que, para debilitar al enemigo, debe
tratar de dejar incomunicadas a sus distintas unidades, por manera de
imposibilitar la aplicación de acciones conjuntas, coordinadas. Por ello
Manta es un objetivo militar de especial importancia, y, consecuentemente,
un elemento potencial adicional para el involucramiento del Ecuador en el
conflicto acelerado y ampliado por el Plan Colombia.

Para los incrédulos que pueden mantenerse en sus trece negando la
posibilidad de que la Base de Manta sea considerado un objetivo militar en
el marco de la guerra colombiana, lo que pueda devenir en un involucramiento
mayor del Ecuador en esa guerra, valga invitarlos a leer la edición del
diario El Comercio de la ciudad de Quito, correspondientes al día sábado 21
de octubre del 2000, en la que se señala en resumen de primera página que:
"La Embajada de los Estados Unidos se aisla más", información que se amplia
en la página B8 bajo el titular de: "448 pilares cercan los alrededores de
la Embajada de los Estados Unidos", información que relata sobre las obras
construidas para incrementar las seguridades de la Embajada, incluso sin
contar con las autorizaciones municipales como lo afirma esa misma
información, a la cual solo cabe agregar que las obras se iniciaron,
precisamente, luego de la aprobación del Plan Colombia, bajo el pretexto de
un atentado cometido con un insignificante pedazo de dinamita, como lo
reconocieron los expertos en explosivos a esa fecha. ¿Acaso estos hechos no
les indican que se están tomando prevenciones ante la modificación de la
situación determinada por el "Plan Colombia? ¿Es que somos tan ciegos para n
o ver que nos están conduciendo a una guerra?.

Mas como todo lo dicho muchas veces puede ser mirado como una suerte de
juicio precipitado, en esta época en que se trata de descalificar opiniones
sobre la base de la velocidad de los procesos, de las "ultimas versiones",
es menester advertir, a forma de corolario, que el caso de la Base de Manta
y su rol en el marco de la estrategia militar de los Estados Unidos no es
materia nueva, esto fue ya negociado e incluso tratado públicamente en 1986,
como lo refiere José Steinsleger. Efectivamente, ante la aproximación de la
fecha y la eventualidad de que la armada de los Estados Unidos deba
retirarse de Panamá, como efectivamente ocurrió, los Estados Unidos avanzó
en la suscripción de un: "supuesto convenio entre las FFAA y el Comando Sur
(SOUTHCOM) para el establecimiento de la Escuela de las Américas en la
región amazónica del país y la instalación de una base militar americana en
las islas Galápagos" como lo comentó la prensa nacional, cita sobre la cual
vale comentar lo siguiente:



El Acuerdo se firmó efectivamente, como lo reconoció el Canciller Edgar
Terán Terán, cuando mencionó que: "No hay convenio sino acuerdo de
cooperación entre el Ecuador y los Estados Unidos" como si el uso del
término acuerdo en lugar de convenio cambiase radicalmente lo actuado, y
como si ello no fuese la antesala de la entrega de la Base de Manta;


A 1986 se pensaba ya en establecer la Escuela de las Américas en el oriente
ecuatoriano, para supuestamente "abrir un frente contra el narcotráfico"como
lo denunciará Alejandro Carrión ante el Tribunal de Garantías
Constitucionales, lo que se apoyaba en el hecho de que, según la revista
madrileña Tiempo del 10 de mayo de 1986: "el gobierno ecuatoriano (del
ingeniero Febres Cordero N.A.) habría manifestado su interés para instalar
en el país una sucursal de la Escuela de las Américas además de estar
dispuesto a enviar tropas a Centroamérica y haber ofrecido a Washington
campos de entrenamiento"; y,


Que el mencionar a Galápagos como el sitio para establecer una base es
seguramente el producto de la desinformación que llevó a cabo la
inteligencia militar a través de un oficial de alto rango, ya que, ello
resultaba totalmente inexplicable cuando: "El columnista Jorge Cevallos
Salas aseguró estar informado de que en la provincia de Manabí y en el
occidente de Pichincha efectivos militares norteamericanos comandados por el
General Galvin (Jefe del SOUTHCOM N.A,) se habían dedicado a fijar el lugar
en que se construiría un sofisticado aeródromo a más de las rutas que
seguirían determinadas carreteras de acceso a la pista (La Hora, 31.7.86)",
así como el hecho de que: "tuvieran lugar las maniobras navales UNITAS
frente a las costas de Manta, la operación "Horizonte Azul"entre la Fuerza
Aérea del Ecuador (FAE) y la United States Air Force (USAF) y el peritaje
técnico para la construcción de una carretera de 30 kilómetros en la
provincia de Manabi", carretera que luego se descubrió, por declaraciones
del Capitán Lusk, jefe de la Brigada de técnicos de la Reserva Militar
perteneciente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos que
arribó al país simultáneamente a las comentadas maniobras, correspondía al
tramo San Jacinto-Canoa, que se relaciona con Manta, que no con las
Galápagos utlizadas para desviar la atención del verdadero objetivo, cuanto
más que los dos centros poblados y la Base de Manta se ubican, precisamente,
frente a la carretera que se pensaba construir, y que seguramente se
construirá luego de la ocupación de la base.


Puntualizaciones todas que comprueban nuestro aserto, la selección del
Puerto de Manta como el centro más importante para las acciones militares a
cumplirse en el continente, en ese entonces con la anuencia del Partido
Social Cristiano en el poder, al igual que en los actuales momentos, lo que
no debe admirar a la luz del comportamiento antinacional que caracteriza a
la extrema derecha ecuatoriana, como lo comprueba que quienes suscribieron
los acuerdos o los posibilitaron hayan sido siempre destacados miembros de
ese partido.


4. La agresión contra Latinoamérica y el Caribe


En el presente punto se exponen los principales efectos que son previsibles
si se continuase la aplicación del "Plan Colombia", sobre la biodiversidad
amazónica, así como sobre la población de los distintos países limítrofes.




4.1. La agresión a la amazonía


El desplazamiento de los cultivos de coca hacia la amazonía colombiana,
especialmente hacia la zona del Putumayo, según quienes defienden el Plan
Colombia, debería justificar el uso, no solo de herbicidas como en décadas
anteriores, sino incluso la propagación de plagas para iniciar el denominado
"control biológico" para lo cual se utilizaría el hongo denominado Fursarum
Oxysporum, el cual, según se conoce fue obtenido en laboratorio durante la
guerra fría, adquirió la categoría de arma biológica y estuvo en poder de
Estados Unidos y la Unión Soviética, de acuerdo con ambientalistas
estadounidenses y europeos que proscriben su uso.


El hongo Fusarium Oxysporum , según Lucía Gallardo, representante de la
fundación Acción Ecológica del Ecuador, es mutante, se dispersa de un lugar
a otro, adoptando formas y tamaños necesarios para su transportación y
avance. Es uno de los más dañinos que existen, provocando la marchitación de
la hojas de las plantas, la putrefacción de las frutas de una manera
inmediata y por consiguiente la muerte del vegetal, cualquiera que este sea,
que reciba el hongo transgénico. Advirtió que este hongo vive en el suelo de
20 a 40 años, resistiendo a cualquier sustancia química con la que se lo
quiera combatir. Por su larga duración, este hongo puede transportarse en la
ropa de personas que resulten afectadas y por ende propagar su
contaminación. Esta propagación sería inmediata por su fácil transporte.

El uso indiscriminado del hongo antes mencionado se lo haría a pesar de la
ineficiencia demostrada de los métodos de fumigación, como lo afirma el
Comité Permanente de los Derechos Humanos de Colombia en carta al Presidente
Pastrana, cuando señala que: "Colombia, como productor de coca y amapola ha
desarrollado una fumigación intensiva mediante aspersión aérea con el
herbicida glifosato desde 1992 (..). A la vez, y violando disposiciones
sobre seguridad ambiental y normas sobre manejo de herbicidas, el país ha
sido laboratorio para experimentar otros químicos como el Paraquat,
Triclopyr (1985) y granulados como el Tebuthiuron (1986) e Imazapyr (1998)"
sin embargo de lo cual, y que: "A pesar de desarrollar una fumigación de
coca y amapola entre 1992 y 1999 que sobrepasa el equivalente a las 200.000
hectáreas esto es, de haber esparcido más de dos y medio millones de litros
de glifosato, Colombia es hoy el primer productor mundial de coca y mantiene
un área importante de producción de amapola para procesar heroína".

Para el Comité, igualmente: "resulta paradójico cuando se sabe que Perú
primer productor mundial de coca en 1992, sin arrojar un solo litro de
glifosato redujo sus cultivos de coca de 155.000 hectáreas en ese año a
51.000 en 1998", resaltando con ello que los métodos de fumigación y hoy los
de "control biológico" no tienen ni alcanzan la eficiencia que se les
atribuye en los medios de comunicación social burguesa de Colombia y
Ecuador, principalmente, para tratar de viabilizar su utilización masiva,
incluso y a pesar de la dura oposición que en contra del uso del fusarium
oxysporum se viene cumpliendo.

Para el logro del objetivo que actualmente persiguen las fuerzas del
imperio, debe destacarse la desinformación que se ha desarrollado en Ecuador
y Colombia, proceso que presenta características similares: las
declaraciones de los respectivos Ministro de Medio Ambiente negando la
posibilidad del uso del mortal hongo una vez que fue denunciada la
experimentación que se viene cumpliendo, para pasar luego a aseverar que sus
respectivos gobiernos, ante la sola sugerencia del uso del mortal hongo,
habrían manifestado su total oposición y negativa total, falsas afirmaciones
que fueron luego totalmente desmentidas por la realidad, la verdad objetiva.

Efectivamente, en el caso del Ecuador, tan pronto el Nuevo Herald de la
ciudad de Miami denunciará a inicios del mes de septiembre, en artículo de
la autoría de Gonzalo Guillén, que el Ecuador estaba siendo utlizado como
"conejillo"de indias de los Estados Unidos para experimentar con el Fursarum
Oxysporum, para reconocer los efectos malignos que pueda tener sobre la vida
humana y organismos vegetales lícitos, el Ministro de Medio Ambiente Rodolfo
Rendón declaró con énfasis adecuada para mejor causa que: " xxx

Las aseveraciones del Ministro Rendón, por cierto, se mostraron falsas,
cuando a pocos días de su tajante intervención se denunciaron el inicio de
las fumigaciones y el aparecimiento de los primeros casos de afectación
humana, principalmente en la población infantil de las provincias del norte
de la Amazonía ecuatoriana.

En Colombia, ante las denuncias de los experimentos en territorio
ecuatoriano, solícitamente el Ministerio de Medio Ambiente afirmaba que ello
se habrían realizado porque supuestamente el gobierno: 'habría rechazado de
manera tajante y oficial un pedido de Naciones Unidas para que los
experimentos se realizarán en su territorio"como lo afirmaba la declaración
emitida por el Ministerio de Medio Ambiente a El Nuevo Herald, en la cual se
aseveraba además que: "el Gobierno de Colombia, luego de consultas con
expertos nacionales en el tema, NO (sic) aceptó la propuesta planteada por
el Programa Internacional de Drogas de Naciones Unidas para hacer pruebas
del hongo de la variedad Fusarium oxisporum, por considerar que cualquier
agente externo a los ecosistemas nativos de nuestro país podría presentar
graves riesgos al medio ambiente y a la salud humana", detallando más
adelante que ha ante ello: "ha impulsado la investigación sobre posibles
controles biológicos a partir de la fauna y flora nativas, con lo cual se
asegura que no exista ningún tipo de riesgos sobre el medio ambiente y la
salud humana".

Sin embargo, el pasado seis de julio, el diario The New York Times reveló
que el Gobierno de Colombia aceptó, "bajo la presión de Estados Unidos,
probar la efectividad del hongo Fusarium Oxyporu", destacando que el
gobierno de Andrés Pastrana aceptó la experimentación "a regañadientes", en
vísperas de que el presidente Bill Clinton firmara la ayuda de $1.300
millones al Plan Colombia. De acuerdo con The New York Times, senadores
republicanos dijeron al gobierno de Pastrana que solamente aprobarían la
ayuda si aceptaba experimentar con el herbicida", evidencia ante la cual, de
acuerdo a esa misma fuente, el ministro colombiano del Medio Ambiente, Juan
Mayr, declaró que: "Lo que queremos es un programa de investigación, y nada
más que de investigación, sobre el uso de controles biológicos contra esa
clase de cosechas".

Vista las evidencias del inicio de las fumigaciones con el Fusarium Oxyporu,
a pesar de que entidades ecuatoriana del prestigio de Acción Ecológica,
Ecociencia y Fundación Natura, coincidían en señalar que no solo la planta
de coca moriría con el hongo Fusario Oxiporum, sino las plantaciones que
resulten contaminadas, y de la explicación de que las que estarían en mayor
riesgo son el banano, café, cacao, papas, vainilla, girasoles, espárragos,
clavel, palma africana, maíz, frejol, caucho, nuez, tabaco, bosques, entre
otros, y que, además, el hongo puede mantenerse vivo en los productos
mencionados al momento en que se produzca el consumo humano, o de las
advertencias de que esa práctica: "Supondrá un atentado contra los derechos
humanos a causa de los nuevos desplazamientos forzosos masivos de población
y de los efectos tóxicos que sobre las personas y el medio ambiente
acarrearán las campañas de fumigación en las zonas de narco-agricultura", el
gobierno colombiano recurrió al subterfugio de tratar de enmascarar su
acuerdo en un supuesto afán investigativo, en tanto que el gobierno
ecuatoriano, en franca retirada, guardaba el más total de los silencios.

La irresponsabilidad y complicidad demostrada por el gobierno colombiano y
ecuatoriano ha devenido en el inicio de las fumigaciones con el hongo
Fusarium Oxyporu, teniéndose ya evidencias sobre los efectos causados,
principalmente sobre la población infantil como lo comprueban los
testimonios que al respecto han sido ya publicados por la prensa
ecuatoriana. Efectivamente, los diarios de circulación nacional cuya
alineación política con el poder y con la derecha ecuatoriana es innegable e
inevitable, en forma cada vez más frecuente denuncian el inicio de esas
acciones y los efectos que se registran ya en la población ecuatoriana
fronteriza, como lo comprueba el siguiente testimonio tomado en el poblado
de Mataje, el que señala que: "Hace un mes, el centro de salud que se
contruyó con fondos del Banco Mundial, registró un gran movimiento luego de
la primera fumigación de las plantaciones de coca en territorio colombiano,
Ojos enrojecidos, picazón e irritación, vómito y diarrea, fueron los
síntomas, asegura la enfermera del lugar María Cevallos. <<Después de 4 días
desapareció la epidemia y al parecer no han vuelto a fumigar, por eso no se
ha repetido>>" agregando más adelante que: "El 22 de septiembre, también se
reportó el envenenamiento del agua que produjo la muerte de peces y otras
especies a la altura del puente de Molina, antes de llegar a Mataje. <<Esta
se pudo extender a la población que al no tener agua potable está obligada a
consumir el agua del río. Afortunadamente se detectó a tiempo>>, dice
Cevallos".

Por lo anterior, no puede menos que admirar el cinismo que contienen las
declaraciones del Ministro de Defensa de Colombia Luis Fernando Ramírez,
cuando en declaraciones concedidas a AP dijo que: "no es posible iniciar el
Plan Colombia porque no han llegado los helicópteros que deben escoltar los
aviones que fumigarán las plantaciones de coca", agregando más adelante que:
"Estas naves llegarán en el mes de julio del 2001", declaraciones falaces si
se reconoce la exigencia contenida en la "Declaración de Puerto Asís
(Putumayo) del Foro "El Sur Responde al Plan Colombia", realizado el 8 y 9
de septiembre de 2000, o las declaraciones de Jeremy Bigwood, becario de la
Mac Arthur Foundation de Washington, quien en visita a Nueva Loja para
estudiar y determinar las consecuencias de las fumigaciones en la frontera
colombo-ecuatoriana habría manifestado que: "Según sus conclusiones y
recorridos en la ribera del río San Miguel, los rociados en el lado
colombiano se realizan con sustancias desconocidas, un bajo porcentaje con
glifosato y tibutirión y no se registra muestra de fusarium", agregando a
renglón seguido que: "Lo que preocupa es desconocer las sustancias
utilizadas en las fumigaciones", insistiendo en que: "Si yo viviera en esta
zona exigiría al Gobierno que informe oficialmente sobre las sustancias
químicas empleadas", ya que: "cualquiera sea el químico usado causará
reacciones negativas en plantas, animales y humanos", citas que no solo que
rebaten totalmente las declaraciones de Ramírez, sino que además descubren
una nueva faceta del "control biológico", el uso de químicos desconocidos.

La indolencia e irresponsabilidad del gobierno ecuatoriano determinó que el
"Grupo Civil de Monitoreo del Plan Colombia en Ecuador", conformado en el al
primer Encuentro Continental por la Vida y la Paz de Colombia, en el que
participaron varias organizaciones sociales y no gubernamentales del país
entre el 25 y 26 de noviembre de 1999, se proponga "Preparar un informe
independiente sobre los impactos ambientales en las provincias fronterizas
ecuatorianas y en la región andina, debido a la utilización del hongo
Oxyporum Fusaryum en las masivas fumigaciones que se prevé iniciar en el
departamento fronterizo del Putumayo, inscritas en el denominado Plan
Colombia", estudio que seguramente informará ya no sobre los posibles
impactos sino sobre los efectos irreversibles que el "control biológico" ha
ocasionado sobre el medio ambiente y entre la población ecuatoriana y
colombiana.


4.2. La agresión al pueblo del Ecuador



La agresión al pueblo del Ecuador como derivaciones del "Plan Colombia" son
observables en varios campos, entre estos valga citar:


El comprometimiento de sus fuerzas armadas en el conflicto, análisis
incluido en el numeral 2;


La agresión a su territorio amazónico analizado en el numeral 3 inmediato
anterior;


La burda manipulación de la conciencia del pueblo ecuatoriano, analizado en
el numeral 3 inmediato anterior;


La violación de sus normas constitucionales y la renuncia a su soberanía,
tratadas en el presente numeral; y,


La afectación a la población de las zonas fronterizas, como consecuencia de
las fumigaciones y de la presencia paramilitar colombiana en territorio
ecuatoriano, aspecto que se analizará en el presente numeral.

La inconstitucionalidad del Acuerdo y la renuncia a la soberanía nacional

La participación del Ecuador en el "Plan Colombia", se sustenta en dos
instrumentos legales, el denominado "Acuerdo de Cooperación entre el
Gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos de
América Concerniente al Acceso y Uso de los Estados Unidos de América de las
instalaciones de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para
Actividades Aéreas Antinarcóticos" (Anexo 1) suscrito en forma previa el 11
de abril de 1999; y, el denominado "Plan de Contingencia"y las denominadas
estrategias del "Plan Ecuador"igualmente conocido como "Plan Socio-económico
fronterizo", elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con la
Oficina de Enlace del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), planes que supuestamente tienen como único objetivo el
proporcionar, el primero apoyo a la lucha antinarcóticos, y, la segunda,
toda la ayuda que demanden los desplazados por la intensificación y
generalización de la guerra, a más de posibilitar el desarrollo de proyectos
específicos como supuesta compensación a la población fronteriza por los
problemas derivados de esos desplazamientos.

A más de los falsos argumentos exhibidos y puntualizados en párrafos
anteriores, en el caso del Acuerdo suscrito por el gobierno del Ecuador con
el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno ecuatoriano pretende que la
opinión pública nacional acepte como ciertos:



Una supuesta constitucionalidad del instrumento mencionado, sobre la base de
que no era necesario cumplir con el requisito constitucional que manda que
todos los Convenios deben ser conocidos y aprobados por el plenario, y que
bastaba la aprobación de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso
nacional, cuyo titular Heinz Moeller había sido designado Canciller de la
República;


La defensa férrea de la soberanía nacional que dicen haber mantenido en ese
Acuerdo, aspectos todos que se muestran falsos como pasamos a demostrarlo
inmediatamente; y,


La negación enfática de que se había concedido inmunidad diplomática al
personal amparado por el Acuerdo.



La inconstitucionalidad del Acuerdo

La Constitución Política de la República del Ecuador en el Capítulo 6, De
los tratados y convenios internacionales, establece en el Artículo 161 los
tipos de tratados y convenios internacionales que el Congreso Nacional debe
aprobar o improbar, al estipular que: "El Congreso Nacional aprobará o
improbará los siguientes tratados y convenios internacionales:


Los que se refieran a materia territorial o de límites;


Los que establezcan alianzas políticas o militares;


Los que comprometan al país en acuerdos de integración;


Los que atribuyan a un organismo internacional o supranacional el ejercicio
de competencia derivadas de la Constitución o la ley;


Los que se refieran a los derechos y deberes fundamentales de las personas y
a los derechos colectivos; y,


Los que contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar alguna ley".

El Artículo 162, por su parte estipula que: "La aprobación de los tratados o
convenios se hará en un solo debate y con el voto conforme de la mayoría de
los miembros del Congreso", estableciendo igualmente que: "Previamente se
solicitará el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la conformidad
del tratado o convenio con la Constitución", estableciendo finalmente que:
"La aprobación de un tratado o convenio que exija una reforma
constitucional, no podrá hacerse sin que antes no se haya expedido dicha
reforma".

En consecuencia con lo anterior, la suscripción del Acuerdo incumplió con el
procedimiento estipulado en el Artículo 162, ya que no fue aprobado con el
voto de la mayoría de sus miembros, habiéndose procedido a su suscripción
única y exclusivamente sobre la base del Informe elaborado por la Comisión
de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional (Anexo 4), suscrito por

La renuncia a la soberanía nacional

Si aceptamos el concepto que sobre soberanía contienen los diccionarios de
la lengua, la soberanía no otra cosa que la autoridad suprema del poder
público, lo que no significa otra cosa que no puede existir otra autoridad
que el poder público, en nuestro caso, del poder público ecuatoriano.

Ahora bien como el poder público es igualmente una definición abstracta es
menester recordar que este se sustenta en una serie de normas jurídicas que
deben ser acatadas, cumplidas por el conjunto de los miembros de una
sociedad o por los residentes, permanentes u ocasionales que residan en el
territorio de esa sociedad, y, cuando aquello no ocurre, no se respetan las
normas establecidas por el poder público, sancionadas en función de las
penas que contemplan los mismos cuerpos legales.

En consecuencia con lo antes dicho, la renuncia a la soberanía se producirá
cuando el poder público, representado por las autoridades concretas y
transitorias, renuncia a su autoridad suprema, bien sea eximiendo de la
vigencia de sus normas legales sobre determinados individuos, nacionales o
extranjero, o eximiéndose de su capacidad de juzgarlos, por delitos
cometidos, transfiriendo tal capacidad a los poderes públicos de otros
países.

En el caso del acuerdo en análisis, se cumplen todas las premisas antes
mencionadas que determinan la renuncia a la soberanía nacional, toda vez
que, por una parte el gobierno ecuatoriano concedió inmunidad diplomática y,
por otra renuncia a su autoridad para juzgar los delitos que pueda cometer
el personal amparado por el Acuerdo en su territorio, como se verá
inmediatamente

El "Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y
el gobierno de los Estados Unidos de América Concerniente al Acceso y Uso de
los Estados Unidos de América de las instalaciones de la Base de la Fuerza
Aérea Ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos",
establece en su Artículo VII, numeral 1 que: "El Gobierno de la República
del Ecuador concederá al personal estadounidense, y a sus dependientes en
Ecuador, una condición jurídica equivalente a la que proporciona al personal
administrativo y técnico de la Embajada de los Estados Unidos, conforme a la
Convención de Viena, de 18 de abril de 19961", contenido que exime de
cualquier comentario sobre la concesión de inmunidad diplomática, pero sobre
el cual vale volver para resaltar:


La Convención de Viena estipula las condiciones de inmunidad diplomática de
la que goza el personal que labora en una representación diplomática. Ante
la posible pretensión de que este es un tratamiento común en este tipo de
acuerdos, valga mencionar que el Acuerdo suscrito con el Gobierno de los
Países Bajos (Anexo 2), se establece en el numeral 4 que: "el personal de
Fuerzas Armadas y el personal gubernamental civil de EE.UU (...) gozarán de
inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa en el Reino de los
Países Bajos (Antillas Holandesas y Aruba)", especificando el tipo de
personal y sin hacer alusión alguna a la Convención de Viena.


La diferencia antes mencionada entre los Acuerdos suscritos por el Gobierno
del Ecuador y el del Reino de los Países Bajos, conduce a otra renuncia que
igualmente debe advertirse. En tanto el Gobierno del Ecuador acepta que las
autoridades de los Estados Unidos confieran una especial consideración a
cualquier solicitud de renuncia de inmunidad (Artículo VII, numeral 2), en
el Acuerdo suscrito con el reino de los Países Bajos: "Las autoridades de
EE.UU. darán una consideración positiva en casos que las autoridades del
Reino de los Países Bajos (Antillas Holandesas y Aruba), consideren de
especial importancia" (Numeral 4), diferencia de manera alguna solo de
redacción como lo advierte cualquier iniciado en el manejo del lenguaje, no
se diga cuando los lectores conocen las sutilezas del lenguaje diplomático.


La concesión de una: "condición jurídica similar a la que se proporciona al
personal administrativo y técnico de la Embajada", se extiende hacia los
dependientes, los cuales, según el texto del mismo Acuerdo, en su Artículo
I, Definiciones, se definen como los miembros de la familia del personal
permanente, lo cual no es normal ni habitual, como lo demuestra por ejemplo
que el Acuerdo suscrito con el Gobierno de la Haya para el uso de las bases
de Aruba, no lo contemple y se restrinja únicamente al: "personal de Fuerzas
Armadas y el personal gubernamental civil de EE.UU" (Numeral 4).

En consecuencia con todo lo antes expresado, es evidente que hay una
renuncia a actos soberanos, al conceder inmunidad al personal estadounidense
y sus dependientes, así de general, sin especificar el tipo de personal como
procede dada la delicadeza de la materia del Acuerdo, a más de renunciar a
la capacidad de juzgarlos por ilícitos cometidos, aceptación del gobierno
ecuatoriano que difiere notablemente de la posición asumida por el gobierno
del Reino de los Países Bajos, como quedo establecido.

Todo lo actuado por el gobierno ecuatoriano, relatado anteriormente
determinó que, por ejemplo, el "Grupo Civil de Monitoreo del Plan Colombia
en Ecuador", se plantee como acciones a desarrollar, entre otras, las
siguientes:


"Presionar por el inicio de un debate público a nivel nacional, con la
participación de la sociedad política y la sociedad civil, incluyendo la
experimentada palabra de ex- cancilleres y juristas del país, acerca de la
constitucionalidad y conveniencia estratégica, política y económica para
nuestro país, del mencionado Acuerdo de Cooperación, cuyo contenido es
claramente atentatorio a una serie de principios constitucionales y normas
internacionales, como el básico Principio de Reciprocidad que debe
caracterizar a todo acuerdo o tratado entre Estados soberanos, y que no fue
observado a la hora de suscribirse el Acuerdo entre EE.UU. y Ecuador para el
acceso y uso de la Base Aérea de Manta. De hallarse meridianamente definida
la inconveniencia de este Acuerdo, se debe instar a su inmediata anulación o
suspensión o, si las condiciones políticas internacionales lo impiden, por
lo menos a su revisión integral".


Informar y compartir los detalles de aquel Acuerdo de Cooperación a nuestras
organizaciones pares de El Salvador y Centroamérica, en vista de la
intencionalidad de suscribir un acuerdo parecido entre dicho país y los
EE.UU. en la actual coyuntura;


"Petición de que la Cancillería levante la reserva y haga conocer los textos
íntegros de los Memorandos internos 281-DGSMAE, 282-DGSMAE y 283-DGSMAE, de
junio 28 y 29 de este año, suscritos por la Dirección General de Soberanía
Marítima, Aérea y Espacial de la Cancillería ecuatoriana, donde
presuntamente se informaría de la captura de 12 barcos ecuatorianos por
parte de navíos de guerra norteamericanos asentados en la Base de Manta".

Planteamientos que los hacemos nuestros y que apoyamos irrestrictamente, a
pesar de la ingenuidad que muchos de ellos contienen, seguros de que la
intencionalidad positiva y el patriotismo de los organismos que conforman el
"Grupo Civil de Monitoreo del Plan Colombia en Ecuador" es insospechable,
dada su larga y comprobada presencia en esta larga brega por el hombre y la
justicia social.



4.2.2. La agresión a la población de las zonas fronterizas

La agresión a las poblaciones fronterizas se genera, en primer lugar, por
las fumigaciones con hongos y químicos, cuyo origen es incluso desconocido
para expertos en la materia como quedó mencionado, fumigaciones cuyos
efectos negativos se registran ya en la población infantil y de ancianos,
como lo denuncian organizaciones religiosas de la provincia de Sucumbios
(Ecuador) y de derechos humanos de Colombia y Ecuador, a pesar de lo inicial
y lo limitado de tales acciones.

La agresión se continua con la presencia de los paramilitares colombianos,
los cuales acuden a extorsiones y secuestros de ciudadanos ecuatorianos o
colombianos residentes en la zona de tiempo atrás, como es práctica habitual
ya institucionalizada en la provincia de Sucumbios y en ciudades próximas a
la frontera, secuestros que, ocasionalmente afectan a trabajadores
extranjeros, cual es el caso de los secuestros de septiembre de 1999 y de
octubre del 2000 ya referidos, en procura de financiamiento para sus
actividades delictivas en territorio ecuatoriano y colombiano, a más de ser
el instrumento de provocación como quedo igualmente reseñado.

La afectación que igualmente deberá soportar la población fronteriza del
Ecuador obedece a la instauración de mecanismos represivos, bajo el pretexto
de establecer mecanismos de control para evitar supuestas filtraciones de
las FARC, cuya acción en contra de los derechos humanos de la población
civil se manifiesta ya en la desaparición de cinco miembros de una familia
de Lago Agrio, los cuales, según denuncian familiares fueron retirados de
sus casas por personal militar, a más de otros abusos y extorsiones,
pequeñas o grandes, que casi inevitablemente se derivan de los sistemas de
control.

Igualmente, la población ecuatoriana de las zonas fronterizas se verá
afectada por la presencia masiva de refugiados, para los cuales no se
dispone de medios suficientes para su subsistencia, como lo confirma la
denuncia que señala que: "La evolución del fenómeno migratorio desbordó las
previsiones del gobierno. Pese a que la prensa y los sectores de opinión
alertaron desde fines de junio sobre las repercusiones del Plan (Colombia
N.A.) para el país, cuatro meses después el Gobierno no ha concretado una
sola de las promesas que hizo, a través del canciller Heinz Moeller, para la
entrega de 40 millones de dólares al Plan de Contingencia de la zona norte",
situación que, agregamos, inevitablemente determinará un deterioro en las
condiciones de vida y de abastecimiento del conjunto poblacional,
ecuatoriano y colombiano, agravado por las de por sí miserables condiciones
que presentan los servicios básicos.

Ese problema es mucho más grave si se considera el número de los potenciales
refugiados colombianos de la zona del Putumayo colindante con el Ecuador, ya
que: "La producción de coca del Putumayo -56.800 hectáreas- representa el
54% de la coca cultivada en el país (Colombia N.A.). No meos de 40 mil
raspuchines y sus familias dependen de la siembra y recolección de l ahoja.
Hay 320.000 habitante en 24.800 kilómetros cuadrados, de los cuales 209.000
pueden resultar afectados por la puesta en marcha del Plan Colombia", de
acuerdo al detalle que se incluye en el siguiente cuadro:


Posible desplazamiento forzado

Grupo
Medio Putumayo
Bajo Putumayo
Total afectado

- Indígenas
7.443
3.604
11.047

- Colonos
47.029
111.703
158.732

- Raspuchines
10.000
30.000
40.000

Total
34.472
145.307
209.778

Fuente: Presidencia de la República de Colombia

Elaboración: Revista Cambio, 9 de Octubre del 2000, página37



Número de refugiados potenciales al cual debe agregarse los correspondientes
a la población asentada en el Departamento colombiano de Nariño, en las
zonas en que se desarrollan combates a la fecha y que han desplazado ya
pobladores hacia el Ecuador, como lo demuestra, por ejemplo, los refugiados
de Tumaco que se han visto forzados a emigrar hacia la población ecuatoriana
de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, o los que se han refugiado en
la provincia ecuatoriana del Carchi, lo cual data incluso de tiempos
anteriores al Plan Colombia..


Este número ingente de refugiados se sumará al ya de por sí enorme ejercito
de desocupados ecuatorianos, dadas las limitadas plazas nuevas de trabajo
que se generan en la región, problema que tampoco podrá ser resuelto a nivel
nacional en el corto o mediano plazo, tanto por la debilidad actual y en el
futuro inmediato que se prevé para la economía ecuatoriana, como por los
problemas que afrontará en el futuro cercano como consecuencia del conflicto
en marcha, como ya se advierten, por ejemplo, en el sector turismo, como lo
comprueban incluso las declaraciones de la Ministra de Turismo del Ecuador,
o la recomendación del gobierno norteamericano para que sus ciudadanos
desistan de viajar al Ecuador en plan de turistas, principalmente a la zona
nororiental. A la falta de empleo en la región fronteriza, deberán agregarse
las dificultades de adaptación de la nueva población y la insuficiencia de
la infraestructura para atender a los refugiados, elementos que seguramente
determinarán un incremento de la delincuencia de menos monta que la antes
comentada.


Valga sí señalar que la puntualización del número de potenciales refugiados,
por cierto no tiene otro interés que el graficar el problema, sin que ello
signifique de manera alguna una oposición ni remota para que no se acepte a
estos contingentes de hermanos colombianos abrumados por la tragedia de la
guerra. ¡No, de ninguna manera!. Por el contrario. Estimamos de nuestro
deber y de todos nuestros conciudadanos el desarrollar todos los esfuerzos
por reducir los efectos negativos que generará la emigración forzada, en
actos de amplia solidaridad irrenunciable, como corresponde. En este marco
debemos denunciar y rechazar la posición expuesta por el funcionario
norteamericano Donnie Marshall, antes citada.

A todo lo anterior se debe agregar, en acápite aparte por el significado
trágico que conlleva, el atentado que significa embarcar a jóvenes, padres,
hermanos e hijos ecuatorianos en un conflicto en el cual únicamente se
persiguen los intereses de las empresas transnacionales y de la burguesía
colombiana más recalcitrante, cuyo destino puede terminar incluso con la
muerte, cuanto más que la estrategia establecida por el imperio es la de que
el dinero para la guerra lo ponen los Estados Unidos y América Latina los
muertos. Este es el principal efecto negativo que debemos advertir y
combatir, demandando el regreso de nuestros jóvenes, padres, hermanos e
hijos a sus labores habituales, que no tienen nada que ver con los intereses
del capital. ¡Regrésenlos a sus labores cotidianas!.



4.3. La agresión a los pueblos de otros países de América Latina.

El apoyo brasilero al Plan Colombia data de XXX? Año en que se suscribió un
convenio entre los Estados nidos de América y el Brasil, para la cesión de
la Base de Alcantara, antes destinada al lanzamiento de los cohetes de
fabricación brasilera, cuyo objetivo militar hoy es proporcionar información
sobre los movimientos militares y las líneas de aprovisionamiento de las
FARC, como lo comprueba la siguiente nota del diario El Tiempo de Bogotá,
Colombia, de 13 de octubre del 2000, cuando señala que: "Dos días después,
en Brasil, los presidentes de América Latina, solemnemente reunidos, daban
su aprobación al "Plan", legitimando así la intervención militar yanqui en
el subcontinente latinoamericano. Aunque se hayan negado a enviar tropas,
como quería la secretaria de Estado M. Albright (por el temor de que el
conflicto se traslade a sus países) su postura de avalar el así llamado Plan
Colombia demuestra su carácter de gobiernos de sumisión y entrega.


La postura de los gobiernos latinoamericanos de tomar distancia de la parte
militar del Plan Colombia no es más que una división de tareas con el amo
imperialista. El ejemplo de esto ya se esta viendo en estos días. Fernando
Henrique Cardoso, el presidente del Brasil, que se mostró muy "preocupado"
con el operativo militar de los EE.UU., ya ha enviado varios miles de
soldados y de policías a la frontera con Colombia para cumplir con su papel
de cortar la retirada, claro es bajo el falso argumento de que el envío era
necesario para intentar evitar que el conflicto de ese país transborde para
el Brasil. De esta forma cuando miles de campesinos intenten huir de las
fumigaciones criminales, de los paramilitares, y del ejército colombiano
dirigido por los oficiales americanos, encontrarán una barrera de militares
brasileros que los devolverán a su lugar de origen.




5. El carácter anti revolucionario del "Plan Colombia"


El objetivo militar de los distintos gobiernos burgueses colombianos que se
han sucedido en el poder, tienen por objetivo terminar con las FARC y el
ELN, para lo cual ha hecho uso de varias estrategias, entre las cuales vale
citar:



En uso de las fuerzas regulares del ejercito colombiano;


El apoyo al desarrollo y al sostenimiento de fuerzas paramilitares; y,


El proceso de negociación.


De los aspectos mencionados en el presente punto se incluye un análisis
sobre el segundo y el tercero punto, puesto que el tercero ha quedado
prácticamente invalidado por la ya mencionada nueva estrategia adoptada por
Washington y por la consecuente decisión de bloquear el proceso de
negociación de la paz entre el gobierno colombiano y las FARC y el ELN, como
lo reclamaba la derecha política colombiana, por ejemplo a través del Diario
El Tiempo, para imponer el escenario militar como lo demuestra la
intensificación de las acciones guerreras que se desataron desde mediados
del mes de octubre del 2000, en procura de una derrota total de las fuerzas
insurgentes, antes que avanzar en el proceso de negociación de la paz y
forzar a los militares a aceptarla.



5.1. Apoyo al desarrollo y al sostenimiento de las fuerzas paramilitares

No es casual que que el pasado mes de Julio las denominadas AUC hayan dado
su público respaldo al Plan Colombia, como lo destacaba el diario El Mundo
de España en el titular de la noticia: "Los paramilitares colombianos
respaldan el Plan contra la droga (...) Las AUC aprueban las nuevas medidas
contra el narcotráfico, a pesar de que controlan la zona de mayor producción
de coca del mundo", como lo afirma en la Revista Correo, Nueva época, Número
83 de septiembre del 2000, cuanto más que al interior de la sociedad
colombiana se levantan voces en clara defensa de la participación de las
fuerzas paramilitares en el conflicto colombiano, como lo demuestra la
encubierta apología del rol de las mismas emitida por la derecha colombiana,
a través de su medio de comunicación social más representativo, el Diario El
Tiempo de la ciudad de Bogotá, cuando señalaba en editorial suscrito por
Miguel Posada del Centro de Análisis Sociopolíticos que: "En la mayoría de
los conflictos mencionados, (Omán, del de Malasia, del de Venezuela, del de
Perú y de muchos otros N.A.) tuvieron una participación eficaz las
organizaciones de autodefensa, legales y coordinadas por las Fuerzas
Militares. Además, se integraron a ellas desertores de la subversión",
afirmación que no hace otra cosa que confirmar el rol asignado a las fuerzas
paramilitares por las Fuerzas Armadas de Colombia y la relación que estas
guardan con el ejército colombiano, a pesar de todos los esfuerzos que por
desmentirlos se realizan, principalmente desde el seno de las propias
fuerzas armadas colombianas.


El respaldo mencionado se explica entonces por lo que establecían las FARC
cuando mencionaban que la violencia parainstitucional "no tiene por objeto
la transformación de la sociedad, sino el de garantizar complementar y
suplementar su adecuado funcionamiento cuando el Estado no está en
condiciones de hacerlo por las limitaciones que tiene en todos los órdenes.
Parainstitucional en la medida en que es afín a los objetivos del
ordenamiento existente y se compromete con el auxilio a la organización
institucional", cita a la que debe agregarse que el "suplemento" de las
actividades paramiliatres no es otro que el realizar el trabajo "sucio", que
va desde el asesinato de dirigentes obreros, campesinos, intelectuales y
periodistas comprometidos con la causa de Colombia, hasta la provocación en
el territorio de países vecinos, especialmente el Ecuador, con los
propósitos de desprestigiar a las FARC y el ELN, y de tratar de lograr que
nuestras fuerzas armadas se involucren en el conflicto armado.



En términos de concreción del ejercicio paramilitar en Colombia, se realizó
con la ayuda de fuerzas especiales estadounidenses, las que instruyeron a
las Fuerzas Armadas colombianas en la formación de grupos de paramilitares,
para que cumplan su labor anticomunistas, una de cuyas tareas fue el
asesinato de casi 5.000 miembros de la Unidad Patriótica, creado como un
brazo político abierto de las FARC, experiencia que determinó que las FARC
en la etapa actual de su desarrollo hayan desestimado la presencia legal de
su nuevo partido denominado: "Partido Comunista Bolivariano de Colombia", a
pesar de las múltiples voces que provenientes de la derecha colombiana
incitaban a que adopten la misma condición que la Unidad Patriótica,
seguramente en el afán de reeditar el genocidio anterior.

La magnitud de la masacre de la mencionada permite pensar que no podía ser
ejecutada sin la participación o, por lo menos, la anuencia de las Fuerzas
Armadas y de la Policiía, convivencia que se ha ido demostrando como
irrefutable, por lo que puede afirmarse que en Colombia se instauró una
organización para llevar adelante una política de terrorismo de Estado, como
lo han denunciado en innúmeras oportunidades organismos de derechos Humanos
nacionales e internacionales, o la constatación de de que Colombia haya
alcanzado el récord de violación de los DD.HH en el hemisferio occidental,
por los casi 10 asesinatos políticos que se cometen cada día, de los cuales
el Departamento de Estado atribuye entre el 70 y el 80 por ciento a los
paramilitares.

La coordinación o por lo menos la cooperación entre las Fuerzas Armadas
colombianas con los paramilitares, siempre negada por las fuerzas del orden,
se ve desmentida por eventos como el siguiente denunciado por la Corporación
CLÉBER el que señala, luego de relatar detalladamente la serie de
asesinatos, torturas y atropellos cometidos con la población del
corregimiento de La Pacha, municipio de Altos del Rosario, región del sur de
Bolívar que: "Después de este hecho los paramilitares permitieron a algunas
personas que fueran por comida a la cabecera municipal de Barranco de Loba
(sur de Bolívar), para poder desplazarse era necesario portar un
salvoconducto en el que debían consignar datos personales como el número de
la cédula, familiares en el pueblo, tiempo de duración de su ausencia de la
población (no más de un día), y actividad que iría a realizar. Este
salvoconducto debía ser presentado ante el comandante del ejército: un
sargento apodado el Oso que está al mando de una compañía especial del
Batallón Nariño, adscrito a la segunda brigada con sede de mando En
Barranquilla, Capital del departamento del Atlántico en la costa norte de
Colombia. Al regresar a Pueblito Mejía debían reportarse nuevamente ante los
paramilitares y presentar el salvoconducto. Todas estas personas eran
inscritas en una planillas. En la actualidad para poder ingresar a la región
es necesario que las personas se presenten, en Barranco de Loba, ante el
sargento del ejército quien después de coordinar con los paramilitares
permite o niega el ingreso al sector rural del municipio".

Visto que la negación de la colaboración continuará, incluso y a pesar de
que el propio Departamento de Estado ha marginado de la ayuda americana a
dos batallones con asiento en Tres Esquinas, sobre las base de la decisión
americana de no incluir en la ayuda a los grupos de las Fuerzas Armadas
colombianas que no respeten los derechos humanos, o de que la televisión
ecuatoriana en sus reportajes diarios sobre la tragedia colombiana presente
tomas in situ que demuestran la convivencia de las Fuerzas Armadas de
Colombia con los paramiliatres en todos lo poblados del sur de Colombia
visitados por dichos canales, es necesario incluir in extenso las
conclusiones y recomendaciones del documento "Los Lazos que Unen: Colombia y
las relaciones militares-paramilitares" las que señala que: "Human Rights
Watch presenta en este documento pruebas detalladas, abundantes y
convincentes de los constantes lazos estrechos entre el Ejército de Colombia
y los grupos paramilitares responsables de graves violaciones a los derechos
humanos.

Esta información ha sido recopilada por investigadores del gobierno
colombiano y Human Rights Watch. Varias de nuestras fuentes de información,
entre ellos testigos presenciales, nos solicitaron que ocultáramos su
identidad debido a que sus vidas han sido amenazadas como resultado de su
testimonio.


En lugar de adoptar medidas decisivas para cortar los lazos con los
paramilitares, las pruebas de Human Rights Watch sugieren claramente que el
alto mando militar colombiano aún no ha dado los pasos necesarios para
lograr este objetivo. La información de Human Rights Watch implica a
brigadas del Ejército Colombiano que operan en las tres ciudades más grandes
del país, entre ellas la capital, Bogotá. Si los dirigentes colombianos no
pueden o no quieren detener el apoyo de estas unidades a los grupos
paramilitares, la resolución gubernamental de poner fin a los abusos a los
derechos humanos en unidades que reciben asistencia de seguridad de Estados
Unidos ha de ponerse seriamente en entredicho.


En previos informes y documentos de Human Rights Watch se han expuesto en
detalle pruebas creíbles y convincentes procedentes de investigaciones
oficiales y de otros organismos de la continua relación entre el Ejército y
los grupos paramilitares dentro de la Quinta, Séptima, Novena, Décimo Cuarta
y Décima Séptima Brigadas.


En conjunto, las pruebas recopiladas hasta ahora por Human Rights Watch
relacionan a casi la mitad de las 18 brigadas del Ejército de Colombia
(salvo las escuelas militares) con la actividad paramilitar. Estas unidades
operan en la zona de las cinco divisiones militares colombianas. En otras
palabras, el apoyo militar a la actividad paramilitar es un asunto nacional
y cubre áreas donde unidades que reciben o están designadas para recibir
ayuda militar estadounidense operan.


Human Rights Watch ha llamado la atención sobre estos hechos a los ministros
y funcionarios competentes del gobierno colombiano y les ha instado a que
tomen medidas inmediatas para resolver estos problemas continuos de
conformidad con las leyes colombianas.


Partiendo de las pruebas adjuntas, Human Rights Watch concluyó que:


Tan recientemente como 1999, los investigadores del gobierno colombiano
reunieron pruebas de que oficiales del Ejército habían establecido un grupo
"paramilitar" utilizando a oficiales militares en activo, retirados o en la
reserva, junto con paramilitares contratados, que operaba efectivamente al
lado de soldados y en colaboración con ellos. Algunos de los oficiales
implicados siguen en servicio activo y en posiciones de mando;


En 1997, 1998 y 1999, una investigación exhaustiva realizada por el gobierno
colombiano recopiló pruebas convincentes de que oficiales del Ejército
colaboraban estrechamente con paramilitares a las órdenes de Carlos Castaño.
Compartían inteligencia, planeaban y ejecutaban operaciones conjuntas,
suministraban armas y municiones, apoyaban con helicópteros y asistencia
médica, y se coordinaban con los paramilitares a diario;


Existen pruebas creíbles, obtenidas mediante investigaciones del gobierno
colombiano y entrevistas de Human Rights Watch, de que en 1998 y 1999,
agentes de inteligencia militar reunieron información sobre colombianos
asociados con la protección de los derechos humanos, los organismos
oficiales de investigación y los diálogos de paz, que fueron después objeto
de amenazas, hostigamientos y ataques por parte del Ejército, a veces con la
asistencia de grupos paramilitares y sicarios;


Existen pruebas creíbles de que esta alianza entre la inteligencia militar,
los grupos paramilitares y los sicarios tiene alcance nacional y capacidad
para amenazar a investigadores clave de la Fiscalía General y la
Procuraduría;


Las brigadas que se citan en este informe - la Tercera, Cuarta y Décimo
Tercera - operan en las ciudades más grandes de Colombia, entre ellas la
capital. Sus comandantes se consideran entre los más capacitados e
inteligentes, y son los principales candidatos para ascensos a puestos
superiores de mando de divisiones, el Ejército y las fuerzas conjuntas de
Colombia. Si los líderes de Colombia no pueden o no quieren detener el apoyo
a los grupos paramilitares dentro de estas unidades, es muy cuestionable que
vaya a tener más éxito con unidades menos controladas o que operan en áreas
rurales, tales como las que reciben asistencia de seguridad de Estados
Unidos en el sur de Colombia;


Como subrayan estos casos, los organismos civiles de investigación de
Colombia, especialmente la Fiscalía General, son capaces de realizar
investigaciones sofisticadas e implacables. Sin embargo, muchos
investigadores asignados a casos que implican al Ejército y los
paramilitares se han visto obligados a renunciar o huir de Colombia;


Al menos siete de los oficiales mencionados en el informe adjunto se han
graduado en la Escuela de las Américas. La formación por si sola, aunque
incluya cursos de derechos humanos, no impide los abusos a los derechos
humanos. Ha de estar acompañada de acciones claras y decididas por parte del
gobierno colombiano para llevar ante la justicia a los miembros del Ejército
que hayan cometido abusos a los derechos humanos, obligar al Ejército a
cortar sus antiguos lazos con los grupos paramilitares y garantizar que las
Fuerzas Militares de Colombia están sometidas al estado de derecho, lo que
incluye acatar la decisión de la Corte Constitucional de agosto de 1997
decretando que el personal de las fuerzas de seguridad acusado de cometer
crímenes de lesa humanidad sea juzgado en tribunales civiles".

Finalmente valga resaltar que la represión a los paramilitares es una
obligación cuyo incumplimiento está penado por normas internacionales, como
lo comprueban la siguiente fundamentación del Grupo Nizkor de Bruselas, ante
la denuncia de la Corporación CLÉBER antes referida.


La fundamentación afirma lo siguiente:



"1. Según el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg y las
sentencias posteriores reafirmadas por el Tribunal ad doc de la Ex
Yugoslavia en julio de 1999 en el caso TADIC, la responsabilidad de los
comandantes militares y dirigentes civiles que controlan la zona donde
actuaron los paramilitares son responsables de no impedir la actuación de
los paramilitares con las mismas responsabilidades penales individuales que
si hubieran dirigido las operaciones en la zona de su comando.

Los comandantes de la zonas militares que son responsables en la cadena de
mando de la que dependen los batallones y los jefes de los batallones son
responsables de no impedir la actuación de las organizaciones criminales que
componen los grupos paramilitares, no es suficiente las alegaciones de
subordinación territorial ante la comisión de delitos de esta naturaleza.
Estas responsabilidades deben ser depuradas ante un tribunal bajo el
criterio de que "no sólo deben saber, sino que están obligados a saber" lo
que ocurre en sus zonas de comando, como ha reafirmado en sentencia de 3 de
marzo de 1999, en el caso TIHOMIR BLASKIC, el Tribunal Penal Internacional
de la Ex Yugoeslavia. En este caso el Batallón Nariño, adscrito a la segunda
brigada con sede de mando en Barranquilla, capital del departamento del
Atlántico en la costa norte de Colombia

2. La actuación de los paramilitares en Colombia recoge un patrón de
instrumentación de operaciones militares encubiertas que hacen responsables
a los cuerpos militares y al estado mayor del ejército de Colombia de
crímenes de guerra, secuestros, desapariciones forzosas y demás delitos
constituidos en la figura de crímenes graves contra la humanidad. Estos
delitos ni prescriben, ni son amnistiables tal cual ha dictaminado la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los informes que afectan al
Batallón Atlacatl en El Salvador. Lo mismo ocurriría si sus
responsabilidades fueran depuradas con los parámetros utilizados por los
Tribunales Penales Internacionales y la doctrina actual sobre el Derecho
Internacional Humanitario.

3. Los paramilitares deben saber que según los convenios de Ginebra los
mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de
guerra y que además serán juzgados por ser integrantes de una organización.

4. Es evidente que se están utilizando forma de exterminio de población
civil que siguen perfiles de modelos de análisis y control social con la
utilización de técnicas de simulación por ordenador que determinan las
listas de personas que son "nodos" de activismo civil político, social y
cultural y que son: a) son fijadas como blanco; b) son amenzadas como forma
de determinación del blanco a las unidades paramilitares; c) son despejadas
las areas geográficas de actuación paramilitar en zonas rurales o fijadas
zonas de cobertura de seguridad en zonas urbanas; d) son otorgadas
facilidades de comunicaciones y coordinación y finalmente se determina el
momento de la ejecución.

Estos hechos son constitutivos de la figura de organización criminal y
planificación sistemática de exterminación de población civil. Según la
Comisión Colombiana de Juristas, durante 998 de un total de 1656 incidentes
registrados el 81,8 por ciento fueron cometidos por paramilitares y por las
fuerzas de seguridad del estado. Entre 1994 y 1998 las violaciones graves de
paramilitares y militares se han más que doblado.

5. El exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible
bajo el Derecho Internacional. El exterminio es reconocido como crimen
contra la humanidad en el artículo 6(c) del Estatuto de Nuremberg; artículo
II(1) (c) de la Ley Núm. 10 del Consejo Aliado de Control, órgano supremo de
los aliados en Alemania, ocupada después de la II G.M.; artículo 5(c) del
Estatuto de Tokio y Principio IV(c) de los Principios de Nuremberg. Se
incluyó también en los estatutos de los tribunales penales internacionales
para la Antigua Yugoslavia (artículo 5) y Ruanda (artículo 3), así como en
el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la
Humanidad [1954: artículo 2, párr. 11 y 1996: artículo 18(b)].

6. Tomamos nota y apoyamos en todos sus términos, la Declaración Publica del
Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del
Parlamento Canadiense de 16oct99 que dice expresamente "Hace un llamado al
Gobierno de Colombia a intensificar tanto la investigación de la masacre de
Barrancabermeja como también todas las actividades orientadas a reducir y
prevenir la violencia, la violación de los derechos humanos en el país y a
que ponga fin a la impunidad especialmente respecto a los crímenes de lesa
Humanidad".

En consecuencia, incluso en el caso de que las relaciones entre las Fuerzas
Armadas de Colombia no mantuviesen relaciones con los paramilitares, es de
su obligación el reprimirlas, y no apoyarlas como incluso parece señalar su
reciente intervención en los combates en el Putumayo, cuando ante la
ofensiva iniciada por los paramilitares, las FARC lanzaron una
contraofensiva exitosa.


5.2. El apoyo militar abierto


El apoyo militar abierto que se hallan prestando los ejércitos de otros
países latinoamericanos, en el marco de las estrategias acordadas en apoyo
al "Plan Colombia", quedó ya explicada en puntos anteriores, no así la
intervención directa del ejercito norteamericano, como efectivamente sucede
si se da fe al diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá, el cual en su
edición correspondiente al 2 de agosto manifestaba que: "Desde marzo E.U.
comparte inteligencia con el Ejército, entrena un batallón antinarcóticos
con el objetivo de golpear a la guerrilla, intenta conseguir US$ 600
millones más para la guerra y, según la revista Newsweek de ayer, ya tiene
300 hombres operando permanentemente en Colombia".


A lo antes expuesto valga sólo recordar que el anexo 3 ratifica lo aseverado
por Newsweek, ya que en el es posible observar la distribución de los
instructores norteamericanos en las distintas bases militares colombianas,
lo que ratifica el apoyo y la presencia militar de los Estados Unidos en
territorio colombiano, lo que, por otra parte explica el por qué de la
declaratoria como "objetivo militar" a los ciudadanos norteamericanos por
parte de las FARC.


6. Los intereses económicos tras el "Plan Colombia"

Los intereses económicos, deben diferenciarse entre aquellos relacionados
con el neoliberalismo en marcha en Colombia, en el continente y el mundo, de
las ligadas a intereses específicos de las empresas transnacionales,
principalmente norteamericanas, aspectos que son el objetivo del presente
punto.

6.1. Plan Colombia y modelo neoliberal


La Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia, en la síntesis
de su Documento Nº 6 titulado "Plan Colombia: "Una Estrategia sin Solución",
de febrero del 2000, afirma que: "En lo económico el plan Colombia plantea
un plan de estabilización muy parecido a los de "Ajuste estructural", con
graves consecuencias en el corto plazo sobre las ya difíciles condiciones de
distribución del ingreso y el empleo.


Se incrementa el endeudamiento externo, se privatiza para hacer
asistencialismo, se socializan las perdidas y se pretende explicar que los
sacrificios de hoy serán el crecimiento y la mejor distribución del ingreso
en el mañana. Aunque esto fuera cierto, es objetivo decir que la propuesta
económica planteada no contribuye en el corto y en el mediano plazo a la paz
y la convivencia social, aún si se lograse un acuerdo entre los actores
armados de la guerra", cita que no expresa otra cosa que la intencionalidad
del gobierno de Colombia de avanzar en la consolidación del modelo
neoliberal, como igualmente lo asevera Sergio Ramírez cuando señala que:
"Con el Plan Colombia, el imperialismo norteamericano busca consolidar, por
la vía de la intervención militar, una política económica neoliberal que
permita imponer, sin resistencia, las determinaciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI), que significarán privatizaciones, desempleo, salarios
miserables y toda clase de garantías a las transnacionales para la
explotación de sus recursos naturales y la inversión extranjera. Por esta
razón el mencionado plan representa un de respaldo al antidemocrático y
represivo Estado colombiano y al gobierno de Pastrana. En la tarea de
preservar y acrecentar sus privilegios de clase, la oligarquía colombiana es
servil con EE.UU. Está dispuesta no sólo a acentuar la explotación y miseria
del pueblo, sino también a vender todas las empresas, servicios y recursos
naturales a la voracidad insaciable de los grupos económicos
internacionales".



6.2. Plan Colombia y los intereses económicos específicos

En el campo de los intereses económicos específicos, entre estos de las
empresas transnacionales, principalmente de los Estados Unidos de América,
es posible determinar tres tipos claramente definidos:


Las ventas para la guerra;


El negocio de las drogas; y,


La expansión recolonizadora.



6.2.1. Las ventas para la guerra

Como lo anuncia Pascual Serrano, "Las empresas norteamericanas de armas ya
están comenzando a tomar posiciones. El periodista Tob Robberson, citando
fuentes militares estadounidenses, informa en el "Dallas Morning News" que
por lo menos seis compañías privadas de este país, especializadas en asuntos
militares, han establecido contactos en la región, anticipándose a futuros
contratos con Colombia. Cita, entre otras, a Dyncorp, Inc. y a Recursos
Profesionales Militares, Inc., identificada también como MPRI, las cuales
han estado vinculadas con contratos para el apoyo logístico y entrenamiento
de la policía y las fuerzas colombianas de contrainsurgencia. Ed. Soyster,
portavoz de la MPRE, ex teniente general del ejército y antiguo director de
la Agencia de Inteligencia de Defensa ha declarado que su compañía "se está
preparando para la adjudicación de nuevos contratos en caso de que el nuevo
paquete de ayuda resulte aprobado (...). La compañía debiera estar bien
posicionada para la obtención del contrato, ya que también ayudó al gobierno
colombiano a diseñar el Plan de Acción en tres fases que fue presentado al
Congreso (...) indicando las partidas a las que se destinarán los 1.600
millones de dólares". Asimismo, según Soyster, la MPRI mantiene una base de
datos de 11.000 oficiales, entre retirados y activos, disponibles para
trabajar en asignaciones temporales. Esto se enmarca en la nueva modalidad
de mercenarismo de la guerra denominado Outsourcing".

En esa perspectiva, lo que antes se relata no es ninguna novedad, todos los
procesos de guerra como el que propicia el "Plan Colombia" tienen, entre
otros objetivos, el de dinamizar la economía de los países que
"generosamente" participan del financiamiento, puesto que, como es
igualmente conocido, todos los paquetes de ayuda que contienen asignaciones
para compras, establecen el país de origen de los bienes a adquirir, lo que
en buen romance no significa otra cosa que las compras deben concretarse con
empresas de los países financistas y no a empresas competidoras de otros
países. Ello por cierto no excluirá el inicio de una guerra en los países
que financian el "Plan Colombia", en este caso económica, entre las
distintas empresas productoras de bienes de guerra similares, guerra que por
cierto ampliará el espectro de funcionarios corruptos, como no puede ser de
otra manera en países en que la coima y la comisión se han
institucionalizado, como medio para "optimizar las ganancia", en nuestros
países en que aquella y el rédito han sido elevadas a la categoría de
objetivo existencial de las clases dominantes. Esperemos que en el futuro
podamos conocer el resultado de la "guerra económica" no por económica menos
tenebrosa, sucia y despreciable como toda guerra.


El negocio de las drogas


En el negocio de las drogas, como lo sugieren los especialistas debe ser
dividido en sus distintas etapas: narco producción, narco procesamiento,
narco tráfico, narco distribución y narco lavado, dadas las características
diferentes que les son propias:


En tanto en el proceso productivo de la coca participan pequeños campesinos,
en el tráfico, procesamiento, distribución y lavado lo hacen grandes
organizaciones mafiosas;


En el narco tráfico se observa la participación de narcotraficantes menores,
pero ésta no es significativa respecto a los volúmes totales;


En el financiamiento de todas las etapas antes mencionadas, participan las
organizaciones mafiosas.


A más de las diferencias mencionadas, valga insistir en las implicaciones
que ello tiene, por ejemplo, para la erradicación o no de las plantaciones
por los métodos violentos, como las fumigaciones, propuestas por el "Plan
Colombia". Efectivamente, si se recuerda que las plantaciones son
financiadas por las grandes mafias, es fácil concluir sobre la existencia de
una gran movilidad de los cultivos entre distintas zonas e incluso países,
dada la gran capacidad financiera que poseen. En otros términos, una
reducción real de los cultivos de coca sólo sería posible si los campesinos
tienen otra opción de vida, si por ejemplo la erradicación de la coca se
realizase por medios manuales, sobre la base de una ayuda efectiva para la
distribución de la propiedad de la tierra y el desarrollo de futuros
cultivos. La fumigación genera el efecto contrario, ya que sume aún más en
la pobreza a la población campesina al privarle de los actuales ingresos, a
lo que se suma la desprovisión de tierras que también les caracteriza,
circunstancias que les convierte en presa fácil de las grandes mafias,
precisamente por la condición a la que la ha conducido la injusta
distribución de la propiedad de la tierra y la fumigación que termina por
acabar con su forma de vida. En consecuencia, en tanto no se resuelvan los
problemas de pobreza extrema mencionados no existe viabilidad cierta de
erradicar el cultivo de coca. Las grandes mafias ya se encargarán de
seleccionar las nuevas zonas de cultivos para la coca, y los gobiernos
neoliberales de crearles las masas de empobrecidos que asumirán la
responsabilidad de cultivarla.


Ahora bien, si las grandes mafias son las que disponen de una casi ilimitada
capacidad financiera, es obvio que sin debilitar esa capacidad no es posible
terminar con el tráfico de drogas. Una de las medidas sugeridas por el Dr,
Gustavo de Greiff, ex Fiscal General de Colombia, es la legalización del
tráfico de drogas, acompañada de la responsabilidad de los países
consumidores de adoptar medidas para despenalizar el consumo de drogas y
desarrollar amplias campañas educativas y de salud para avanzar en la
reducción del número de adictos. En esta perspectiva la presencia del "Plan
Colombia"sería inútil, siempre y cuando no mediase el objetivo militar
central, terminar con el movimiento revolucionario en Colombia, mediante la
la eliminación de las FARC y el ELN.


Cierto es que los la polémica entre quienes apoyan o rechazan la
legalización del comercio de drogas, asumen posiciones extremas, por la
elevada incertidumbre que esta medida determina, como por la posibilidad
cierta de presentar ejemplos históricos que permiten decir o desdecir
bondades y defectos. Tal es el caso de la legalización del uso del tabaco y
del rape, cuyo uso fue incluso considerado como hecho pecaminoso, utilizado
como paradigma del incremento de adictos luego de su legalización, o de la
legalización del comercio de licores en los Estados Unidos, esgrimido como
paradigma de éxito en la desarticulación de las mafias organizadas.


En el caso de la despenalización del consumo, quienes se oponen a la
legalización del comercio, arguyen los ejemplos fallidos de España y
Holanda, manifestando que en esos países se ha incrementado el número de
adictos, sin considerar la diferencia entre legalización y despenalización y
la necesidad de la aplicación simultánea de las dos medidas. En otros
términos, no reparan en que la sola despenalización no es más que una parte
de las medidas a adoptar. A todo ello, valga mencionar que una
despenalización no acompañada de campañas intensivas para reducir la
adicción, no puede ser efectiva, como ha ocurrido en los dos países antes
mencionados. En otros términos, para que la despenalización tenga éxito
sería necesario destinar por lo menos fondos iguales a los actualmente
destinados a reprimir el narcotráfico.


Ahora bien, es necesario indicar que el negocio de las drogas no se
circunscribe al tráfico y consumo de drogas de origen natural, ya que, como
es conocido existe la producción, tráfico, distribución y consumo de drogas
sintéticas, respecto a lo cual vale mencionar que si bien se carece de
información estadística cierta que permita determinar con exactitud las
ponderaciones de la participación de las drogas de origen natural respecto a
las sintéticas, si es posible afirmar que el avance de las segundas respecto
a las primeras es significativo, como lo demuestra la presencia de un
importante número de drogadictos a la denominada "éxtasis", principalmente
los Estados Unidos y en Europa, así como en países del continente como es el
caso de México. En esta perspectiva la economía de la droga y la presencia
de grandes mafias organizadas para su producción y tráfico no es solamente
un problema colombiano, peruano o boliviano, es un problema de los países
desarrollados, principalmente de los Estados Unidos, principal productor de
drogas sintética sen el mundo. Ante ello ¿No sería procedente proponer un
"Plan Estados Unidos" que acabe con todos los centros de producción mediante
bombardeos masivos de sus propias fuerzas armadas?. Si bien la pregunta cabe
es inaceptable, como son inaceptables los procedimientos guerreristas
contenidos en el "Plan Colombia".


Finalmente, es necesario referir otro aspecto que hace a la economía de las
drogas que no de presta una similar atención, a pesar de su gran
importancia: el reciclaje de los narco dólares en el sistema financiero de
un gran número de países, incluso los Estados Unidos como lo reveló el caso
Raúl salinas de Gortari, por ejemplo, reciclaje que permite desde dinamizar
economías como la colombiana, hasta el robustecimiento de sistema
financieros endebles como el ecuatoriano, actualmente inscrito en una
elevación del narco lavado como consecuencia de la dolarización, uno de los
métodos más eficaces para posibilitar el lavado de dineros provenientes de
las drogas.


El breve recuento anterior sobre la economía de las drogas permite advertir
que los métodos violentos como la fumigación o el exterminio militar de las
FARC y el ELN, incluso en el supuesto no consentido de que ello será posible
en el corto plazo, serán insuficientes para acabar con la economía de la
droga, para ello se requiere considerar la ineludible corresponsabilidad de
los países en los que se ubican los contingentes más grandes de
consumidores, como los estados Unidos y los principales países europeos,
como lo reclama el propio "Plan Colombia" en su décima estrategia, la que
conceptúa como: "Una estrategia de orientación internacional que confirme
los principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento
equilibrado para el problema de la droga. Se deben tomar acciones
simultáneas contra todos los eslabones de la cadena de este flagelo. . . .".
En tanto que Estados Unidos y los países europeos no reconozcan la
corresponsabilidad, que pasa por la consideración de legalizar las drogas y
despenalizar el consumo, como lo propone uno de los más importantes
luchadores que en contra del narcotráfico ha dado Colombia, la solución del
problema de la economía de las drogas no existe.



La expansión recolonizadora


Una de las razones de ser del "Plan Colombia" como se anuncia en su
introducción es eliminar " la: desconfianza entre los inversionistas
extranjeros, hecho que ha sido uno de los mayores obstáculos en nuestro
camino hacia la modernización. La inversión extranjera es un elemento
esencial en la generación de empleo y en el logro de una posición estable y
prospera para Colombia en un mundo ahora globalizado", generada por la
violencia y el narcotráfico, cita de la cual vale destacar la importancia
que se otorga a la inversión extranjera para la modernización de Colombia y
la generación de empleo en un mundo globalizado.


Al respecto valga puntualizar que, como lo ha expresado con propiedad Franz
Hinkelammert: "Después del colapso del socialismo histórico (...) la
sociedad burguesa necesitaba una palabra para designar su dominio mundial
efectivo y la profundización global de ese dominio en el futuro. La palabra
'globalización'fue escogida como el portador ideológico de una aspiración
total. Cambio el diccionario del newspeech. Si antes 'global' era una
denuncia dirigida contra los críticos de la sociedad burguesa, ahora fue
transformada en portador de una dominación global. Con el enorme esfuerzo de
los medios de comunicación, la opinión pública reaccionó como el perro de
pavlov. Hoy todo tiene que ser global", que el apetecido proceso de
modernización en el actual mundo global no significa otra cosa que un nuevo
proceso de colonización global, el cual se sustenta, precisamente en la
inversión extranjera. En consecuencia, no puede dejar de afirmarse que uno
de los propósitos del "Plan Colombia" pasa por el establecimiento de mejores
condiciones para la inversión extranjera, bajo el disfraz de una supuesta
modernización que, por la experiencia de la mayoría de países
latinoamericanos que han utilizado y aplicado los mismos principios, no ha
significado otra cosa que la privatización de las empresas públicas, de todo
tipo, a favor de las grandes empresas multinacionales, principalmente
norteamericanas. En otros términos, el "Plan Colombia" se propone crear las
mejores condiciones posibles para privatizar el patrimonio colombiano.



Siendo ese uno de los objetivos del Plan, resulta totalmente cierto las
aseveraciones de Sergio Ramírez respecto a los intereses específicos que
mantienen las empresas transnacionales en Colombia, entre estas las
norteamericanas, cuando afirma que mediante el "Plan Colombia": "EE.UU.
busca generar las condiciones propicias para establecer una zona comercial
viable hacia el futuro. En tal perspectiva, la compañía Occidental Petroleum
(Oxy) de Estados Unidos está interesada en realizar inversiones para
explotar petróleo y gas natural en el norte de Colombia. La intervención
militar haría posible tal iniciativa de control de la principal riqueza de
esa nación".


Intereses específicos que no son extraños al conocimiento del pueblo de
Colombia, si se reconoce la lucha que desarrollan ya las fuerzas populares
en oposición al proceso privatizador que en el marco del proceso neoliberal
trata de avanzar el gobierno del Presidente Pastrana. En consecuencia, puede
afirmarse que otro de los intereses específicos que se ocultan tras del
"Plan Colombia" es el crear condiciones de tranquilidad, en que el Estado
colombiano se consolide, pueda ejercer el poder en todo el territorio
colombiano, especialmente en la amazonía donde existen ricos yacimientos
petroleros y de metales preciosos, para proceder a entregarlo a los
intereses extranjeros, principalmente norteamericanos como lo señala
Ramírez. La consolidación del Estado colombiano, acompañada de un
robustecimiento de las fuerzas armadas y policía, debería igualmente
disponer de la fuerza coercitiva suficiente para cumplir con el programa
privatizador exigido por el imperio, ya que, como lo indican las
experiencias que en este campo se han cumplido en América Latina, son casi
inviables sin una "manus militaris" fuerte que la soporte.


Anexo 1


Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el
Gobierno de los Estados Unidos de América, Concerniente al Acceso y Uso de
los Estados Unidos de América de las Instalaciones en la Base de la Fuerza
Aérea Ecuatoriana de Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos






Anexo 2


Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno del Reino de los Países Bajos y el
Gobierno de los Estados Unidos de América


Excelencia Dra. Cynthia P. Schneider

Embajador de los Estados Unidos de América

La Haya


La Haya, 13 de abril de 1999


Excelencia:


Tengo el honor de avisar recibo de su nota Nº 20 de 9 de abril de 1999, que
dice lo siguiente:


Después de las conversaciones mantenidas entre representantes de nuestros
Gobiernos, en nombre del Gobierno de los Estados Unidos de América tengo el
honor de proponer lo siguiente en relación con nuestra futura cooperación en
la lucha contra el tráfico ilegal de drogas en el hemisferio occidental:



Los Estados Unidos de América y los Países Bajos, preocupados por la amenaza
que las drogas ilegales representan para la salud y el bienestar de los
pueblos de sus respectivas sociedades, desean resaltar su continuo
compromiso con respecto de medidas de cooperación contra el narcotráfico en
el Hemisferio Occidental.


Con este propósito, el Reino de los Países Bajos facilitará el acceso tanto
terrestre como aéreo y el uso de ciertos aeródromos a personal de las
Fuerzas Armadas y a personal gubernamental civil de los Estados Unidos de
América, así como a contratistas de EE.UU. en las Antillas Holandesas y
Aruba, para fines de realizar misiones de detección y monitoreo contra el
narcotráfico y, cuando proceda, misiones de interdicción.


Los trámites para la autorización de sobrevuelos previstos en la Nota Nº 47
de 20 de octubre de 1998 enviada por la Embajada de Estados Unidos y en la
Nota Nº VAD2188/98 de 18 de diciembre de 1998 enviada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores serán seguidos escrupulosamente.


El personal de Fuerzas Armadas y personal gubernamental civil de EEUU
respetarán todas las leyes del Reino de los Países Bajos (Antillas
Holandesas y Aruba). Durante su permanencia en las Antillas Holandesas y
Aruba en conexión con este convenio, el personal de Fuerzas Armadas y el
personal gubernamental civil de EE.UU. se abstendrán de realizar cualquier
actividad que sea






Le ruego aceptar, Excelencia, la renovadas seguridades de mi altísima
consideración.


Tengo el honor de informarle que las propuestas anteriores son aceptables
por el Gobierno del Reino de los Países Bajos. El Gobierno del Reino de los
Países Bajos considera que su carta y esta respuesta constituyen un convenio
entre el Reino de los Países Bajos y EE.UU., el mismo que entrará en vigor
por un período máximo de un año desde la fecha de esta respuesta. En el
plazo de un año desde la fecha en que este convenio entra en vigor, las
Partes tienen la intención de celebrar un convenio más definitivo que fije
los términos y condiciones para una continua presencia y cooperación de
EE.UU. en las Antillas Holandesas y Aruba.


Le ruego aceptar, Excelencia, la renovadas seguridades de mi altísima
consideración.




(fdo) J.J. van Aartsen

Ministro de Relaciones Exteriores







----- Original Message -----
From: Socialismo no Brasil <cassis@...>
To: <socialismo-br@egroups.com>
Sent: Monday, November 13, 2000 7:15 AM
Subject: [socialismo-br] enc: Plano Colômbia


--- Em 2-socialismo-br@egroups.com, "Maria Ester Rodrigues"
<mariaester99@u...> escreveu
Oi Lista,
Associei-me à essa lista hoje, e como ela tem um número imenso de
mensagens,
gostaria de solicitar alguma ajuda no sentido de encontrar algum
material,
na lista ou fora dela, sobre o plano intervencionista norte-
americano na
Colômbia.
Caso algum de vocês ou outra pessoa possa me fornecer algum material
eletrônico, ou indicações eletrônicas/bibliográficas sobre a política
norte
americana, especificamente na Colômbia, eu
agradeceria muito.

Obrigada e Saudações a todos

MARIA ESTER RODRIGUES
Doutoranda em Psicologia da Educação - PUC/SP
Vice-Presidente da Associação de Pós-Graduandos da PUC/SP
Coordenadora Administrativa da Associação Nacional de Pós-graduandos

WEST PARANÁ STATE UNIVERSITY (UNIOESTE) - BRAZIL
Communication, Education and Arts Center
Pedagogy Collegiate - EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
MARIA ESTER RODRIGUES
Fim da mensagem encaminhada ---




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